Las exportaciones de piña cayeron 33.1% en enero de 2018, en comparación con igual período del año pasado, según cifras de la Contraloría General de la República.
Este dato refleja que el sector agroexportador panameño ha venido en caída durante los últimos 10 años, principalmente con los envíos al exterior de la piña, la sandía y el melón, entre otras.
Al cierre de 2017, las exportaciones a mercados tradicionales como la Unión Europea y Estados Unidos reflejaron una retracción del -16% y -4%, respectivamente, señala el informe Estimaciones de las tendencias comerciales en América Latina y el Caribe 2018, preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para tratar de revertir las caídas en las exportaciones de frutas, ampliar la oferta e ingresar a nuevos mercados, las autoridades agropecuarias incorporaron nuevos incentivos a la producción de frutales a través de la Ley 25 de 2001, conocida como Ley de Transformación Agropecuaria.
La norma brinda apoyo administrativo y financiero (no reembolsable) al productor en el proceso de modernización de sus actividades para mejorar la productividad, competitividad y desarrollo integral de los sectores agropecuario, agroalimentario y agroexportador, a corto, mediano y largo plazo.
El programa de incentivos de frutales apoya la transformación agropecuaria a través de la compra de plantones de buena genética certificada, sistemas de riego y drenaje; y la adquisición de equipos para lograr la transformación en la finca, manifestó Didio Batista, director de la Unidad Administrativa para la Transformación Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Al productor se le reembolsará el 75% de la inversión en la compra de plantones de frutales certificados y el 50% a los que realicen inversiones en la instalación de sistemas de riego y drenaje en sus fincas.
También aplican al programa la compra de equipos como drones, sistemas de agrometeorología, monitoreo de plagas, entre otros.
Al productor se le reembolsará hasta 100 mil dólares de la inversión, explicó el funcionario.
El programa cuenta con un listado de viveros certificados donde los productores pueden comprar los plantones.
Un coordinador de la Ley 25 le brindará los lineamientos a seguir y comprobará que el proyecto cumple con los parámetros de transformación.
Luego, el productor deberá presentar sus facturas de la inversión y avances del proyecto, que serán revisados por un auditor de la institución.
Una vez se concluya con todos los trámites, esa documentación se enviará a la agencia regional más cercana para la aprobación del desembolso. El dinero deberá pagarse al productor en un plazo no mayor de seis meses, informó Batista.