Los indígenas waorani de la Amazonía de Ecuador lograron su primera victoria ante las petroleras en un fallo que suspende el ingreso de esas empresas a sus tierras y dificultaría la licitación de otras áreas hidrocarburíferas.
Tras dos semanas de deliberaciones, un tribunal penal de la localidad amazónica de Puyo (centro del país) resolvió aceptar una acción de protección planteada por los wao de la provincia de Pastaza ante la pretensión del gobierno de abrir unas 180 mil hectáreas de su territorio a la explotación de petróleo.
Los jueces, liderados por la magistrada Pilar Araujo, determinaron en primera instancia que existió la violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras, constató la AFP.
Como medida de reparación, la corte dispuso que el Estado realice una nueva consulta aplicando estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José.
El fallo puede ser apelado por los demandados, los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de Ambiente, así como por la Procuraduría (abogado del Estado), lo que deberá ser resuelto por la Corte de Pastaza (cuya capital es Puyo).
El gobierno asegura tener luz verde para llamar a las petroleras a la licitación del denominado bloque 22 gracias a una consulta realizada en 2012. Sin embargo, los nativos sostienen que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.
El estado no consultó, solamente hizo una mera visita, una mera socialización de media hora (...) donde era imposible que pueda llegar, a través de un procedimiento culturalmente adecuado, a cada una de las personas que acudieron a esa socialización, expresó a la AFP la abogada Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo en Pastaza, que apoyó la demanda.
Con unos 4 mil 800 miembros, los waorani son dueños de unas 800 mil hectáreas de selva en Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.