La política industrial del país se inicia con el ejercicio de contabilizar el número de jugadores que se dedican a la manufactura de productos. El último cómputo realizado para establecer esta cantidad fue en 2010, cuando se reportaron cerca de 3 mil empresas industriales.
Casi una década después, se desconocen las cifras de un sector considerado el cuarto empleador más importante de la economía.
Andy Espinosa, asesor económico del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), admite que “una de las debilidades del sector industrial es la falta de estadísticas que permitan conocer la situación real de la industria manufacturera”.
Una herramienta para conocer esa data es el Registro de la Industria Nacional (RIN), establecido a través de la Ley 76 de 2009, que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria. Pero, tras dos años de su reglamentación, solo 120 empresas industriales están registradas en el RIN.
El primer paso que debe dar la industria para optar por los beneficios de la Ley 76 es inscribirse en el RIN, dijo Espinoza.
Por desconocimiento, el sector industrial aún no ha sacado provecho de los beneficios que brinda esta norma. Los Certificados de Fomento Industrial (CFI) son uno de ellos, explicó el representante del SIP.
Los CFI otorgan un crédito que puede ser de hasta 40% de las inversiones que haga la industria en materia de tecnología, innovación, inversiones en maquinarias, equipos, terrenos, entre otros beneficios.
“Nosotros, como gremio, de la mano con el Ministerio de Comercia e Industrias (MICI), trabajaremos en la divulgación de los beneficios de esta normativa que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria”, dijo.
El registro en el RIN también tiene un componente encaminado a desarrollar una política industrial. Al tener cifras exactas del tipo de manufactura que se realiza en el país, se puede definir la hoja de ruta para impulsar la producción local.
Otro de los beneficios de estar inscritos en el RIN es que las importaciones de materias primas, productos semielaborados o intermedios, maquinarias, equipos y repuestos, envases, empaques e insumos competentes del proceso de elaboración de productos pagan arancel del 3%.
Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, informó que el plan de digitalización y automatización de los procesos para la inscripción en el RIN y para la gestión de los CFI registra un avance del 80%.
Precisó, en tal sentido, que el próximo mes se harán las pruebas de la nueva plataforma. “La puesta en marcha de esta plataforma permitirá, además, emitir la certificación a las empresas interesadas en importar materias primas, negociadas como contingentes arancelarios, porque la industria panameña también puede y debe aprovechar los tratados de libre comercio y demás acuerdos comerciales”, resaltó.
En poco más de tres meses, el MICI ha aprobado CFI a cuatro industrias panameñas, por casi $2.8 millones, tras una inversión realizada por estas empresas de unos $79 millones. En el mismo periodo, otras 14 industrias se han inscrito en el RIN, añadió.
Ricardo Sotelo, expresidente del SIP, considera que más que una política industrial, el sector necesita redefinir las actividades y pensar que el país, además de ser de servicios, también desarrolla actividades de producción primaria e industrial.