VICTOR D. TORRES vdagoberto@prensa.comEl desastre financiero provocado por el clausurado Hamilton Bank comienza a revelar el impresionante desgreño administrativo en que incurrieron sus altos directivos, el principal ejecutivo del banco Eduardo Masferrer, el presidente Carlos Bernace y el jefe de la Oficina de Finanzas John M. R. Jacobs. Las sospechosas irregularidades cometidas por el Hamilton y su principal ejecutivo, Eduardo Masferrer, quien obtuvo su nacionalidad panameña, mediante la Resolución 220 de 31 de octubre de 2001, se hacen extensivas a Panamá por diferentes vías.
Tras ser intervenido el 11 de enero de 2002, los detalles de las transacciones sospechosas salen a relucir en el informe de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) por sus siglas en inglés, al cual tuvo acceso La Prensa.
Para enero de 2004, más de dos años después de la intervención, los reguladores están citados a presentar sus alegatos al juez Arthur L. Shipe ( administrative law ) en Miami. La OCC busca prohibir permanentemente que Masferrer, Bernace y Jacobs administren entidades bancarias.
Según una edición de The Miami Herald de marzo de 2002, la OCC prohibió al banco llevar nuevas transacciones con 33 compañías o personas.
La prohibición incluía al cónsul general de Panamá en Miami, Manuel Salerno Cohen, quien controlaba o firmaba para 26 diferentes cuentas en el banco.
Antes de ser nombrado en su puesto diplomático, Cohen era director y presidente de la compañía Alexander H. Cos, que también aparece vinculada en el expediente del caso, según The Miami Herald .
La Prensa llamó al cónsul Salerno Cohen a Miami para conocer su explicación de por qué la OCC le prohibió hacer transacciones en el Hamilton Bank, pero Cohen se negó a atender la llamada.
Comunicó a través de su secretaria que se encontraba en una reunión y pidió que se hablara con sus abogados.
Cuando La Prensa le solicitó el nombre de los abogados y sus números telefónicos cortaron la llamada telefónica.
En una segunda llamada, la recepcionista del consulado dijo que la secretaria que proporcionaría los nombres de los abogados había salido a almorzar.
Pero el cónsul Salerno Cohen no fue el único con esta restricción. La OCC también prohibió nuevas transacciones con Máximo Addad, un mexicano que posee la firma de construcción PYCSA, que construyó el Corredor Norte en Panamá un camino de peaje y que controla dos compañías extranjeras, Perpetual International Holdings y Alderly Management, que eran beneficiarios de unos 25.6 millones de dólares en préstamos y transferencias electrónicas.
