La disputa de meses sobre gasoductos que ha enfrentado a la compañía del multimillonario Carlos Slim y otras tres con el presidente izquierdista de México ahora difunde un nuevo nivel de incertidumbre sobre lo que significa hacer negocios.
Están en discusión los cambios propuestos a los contratos firmados para siete líneas, en su mayoría construidas para satisfacer la creciente demanda de gas en el país. Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar las disposiciones que obligan al gobierno a pagar el gas incluso cuando no fluye, y solicita reembolsos y daños.
Grupo Carso SAB de Slim, la unidad en México de Sempra Energy, TC Energy Corp. de Canadá y Fermaca Enterprises— dicen que los contratos deben permanecer intactos. Si bien López Obrador dijo que se acercaban a una resolución, empresarios han expresado su preocupación de que el conflicto pueda sentar un precedente para que el gobierno anule cualquier contrato existente que considere injusto.