Telefónica lanzó en mayo una Oferta de Adquisición Pública (OPA) sobre Terra con la intención de superar el 75% de la titularidad de Terra.
No obstante, Telefónica no consiguió ese objetivo. La oferta de 5.25 euros por cada acción -menos de la mitad del precio al que fueron vendidos los títulos cuando salió a bolsa en 1999- fue aceptada por el 33.6% de los accionistas, con lo que Telefónica pasó a controlar el 71.9% de las acciones.
La investigación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, tiene como objetivo determinar la naturaleza y las circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido.
Con esta decisión, Ruiz Polanco admite a trámite la querella criminal que interpuso en julio la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE). Esta asegura que Telefónica causó perjuicio a los pequeños accionistas de Terra con el lanzamiento de la OPA.
Por responsabilidad civil, ADICAE exige 7 mil millones de euros (unos 8 mil 100 millones de dólares) al ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, entre otras personas, así como a los consejos de administración de Terra y Telefónica desde 1999. Los acusa de estafa y apropiación indebida, así como de conspiración para alterar precios, entre otras cosas.
