Italia afronta horas inciertas antes de la prevista aprobación mañana, jueves, en Consejo de Ministros de un nuevo plan de ajuste, esta vez en torno a los 60 mil millones de dólares y que ha generado nuevas divisiones en el seno del gobierno que preside Silvio Berlusconi.
De un lado, el ministro de Economía Giulio Tremonti intenta convencer a sus compañeros de Ejecutivo de la necesidad de este plan para evitar un posible contagio de la crisis griega, y de otro, Umberto Bossi, socio de gobierno de Berlusconi y líder del partido Liga Norte (LN), que muestra su desacuerdo en algunos puntos.
Los principales puntos de disenso entre el ministro de Economía y la Liga Norte se basan en dos puntos: el hecho de que el plan contemple nuevos recortes para los Ayuntamientos -la Liga Norte exige que los alcaldes que ya han ahorrado puedan gastar-, y la hipótesis de que se eleve la edad de jubilación. Desde la Liga Norte se sigue presionando al primer ministro para que acoja las 12 exigencias planteadas -entre ellas la reforma fiscal- en un mitin el pasado 19 de junio, en el que advirtieron a Berlusconi de que su alianza podía peligrar si estas no se cumplían.
Pero la presión también llega desde el otro lado, pues corrieron rumores entre los medios de comunicación de que el ministro de Economía había amenazado con su dimisión si no se aceptaba su plan de ajuste ante la posibilidad de que Italia, con una deuda pública superior al 120% de su producto interior bruto (PIB), pudiera terminar con una crisis como la griega.
El subsecretario de Defensa Guido Crosetto, compañero de partido de Tremonti y Berlusconi, arremetió contra el plan de ajuste del ministro de Economía, medidas que definió como “de psiquiatra”.
Tanto la agencia de medición de riesgo Standard & Poors como Moodys han advertido de una posible rebaja en la calificación crediticia de Italia, dado su elevado endeudamiento público y la debilidad de su crecimiento económico.
