El presidente Juan Carlos Varela ha dado instrucciones a ministros y directores de instituciones públicas para generar ahorros en gastos como viajes, publicidad y en la contratación de productos y servicios no necesarios.
Así lo confirmó ayer en TVN el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien cuestionó los niveles de gasto y compromisos, a veces sin respaldo financiero, que hizo la administración de Ricardo Martinelli.
El ministro dijo que solicitó al nuevo equipo directivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un informe detallado sobre la situación de las finanzas públicas.
Independientemente del resultado de ese análisis, ya ha advertido de la necesidad de generar ahorros en el gasto público para poder cumplir las metas de déficit fiscal, que este año no podrá ser superior al 2.7% del Producto Interno Bruto, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
“La situación para el segundo semestre no es fácil”, reconoció.
Los datos preliminares de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) reflejan que los ingresos corrientes al cierre del primer semestre del año están $300 millones por debajo de lo que se había presupuestado.
Para cuadrar las cuentas en el cierre del año y, además, generar los recursos para cumplir las promesas de campaña de Juan Carlos Varela, el Gobierno necesitará que los niveles de recaudación tributaria mejoren.
De La Guardia reveló que la ANIP volverá a ser la Dirección General de Ingresos y estará bajo el paraguas del MEF.
El ministro se reunió con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y con el magistrado Luis Ramón Fábrega para discutir el alcance del fallo que declaró inconstitucional la ley que creó la ANIP.
El fallo está en fase de redacción y podría salir a partir del próximo 31 de julio.
Una vez esté en firme, algo que sucederá cuando se publique en la Gaceta Oficial, el nombramiento de Luis Cucalón como administrador de la ANIP quedaría sin efecto y por lo tanto, se produciría su salida de una entidad en la que se habría garantizado la continuidad hasta 2020.