El expresidente del banco del Vaticano fue a juicio acusado junto con su abogado de malversar 68 millones de dólares de ventas de propiedades raíces, en un caso que revela la intención de la Santa Sede de llevar a la justicia incluso a altos jerarcas por participar en transacciones financieras turbias.
Angelo Caloia compareció ante el tribunal; su abogado y coacusado Gabriele Liuzzo, de 95 años, estuvo ausente debido a su edad. Un tercer sospechoso murió durante la investigación.
Durante la audiencia de casi cuatro horas, la corte anunció que designará peritos para tasar las propiedades vendidas. Según la fiscalía, los acusados vendieron apartamentos a precios por debajo de los del mercado a compañías controladas por ellos, las que los revendieron a precios del mercado y los acusados se quedaron con la diferencia.
Caloia y Liuzzo han afirmado su inocencia.
Las autoridades del Vaticano congelaron 20 millones de dólares en las cuentas de los acusados en el banco del Vaticano e hicieron congelar otros 12 millones de dólares en las cuentas de Liuzzo en Suiza.
Se prevé un juicio prolongado, dado que los abogados de Caloia han presentado una lista preliminar de medio centenar de testigos que incluye a tres secretarios de estado en actividad y retirados.
También incluye a varios cardenales que estuvieron en la comisión que supervisa el Instituto de Obras Religiosas.
Esto indica que la defensa podría tratar de argumentar que las ventas de bienes raíces se realizaron al menos con el conocimiento o aprobación tácitos de la más alta jerarquía.
La abogada de Caloia, Anna Sammassimo, dijo que reduciría la lista, pero que mantendría a los cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone.
Tanto la fiscalía como la defensa pidieron la traducción de varios documentos del inglés al italiano.
Se trata de actas de reuniones de la junta vaticana y una evaluación de las discrepancias en el valor de las propiedades preparada por la consultora Promontory Group, contratada por el IOR para sanear sus cuentas.
La defensa objetó la presentación del informe de Promontory como prueba. El tribunal no falló de inmediato.
Se permitió al IOR presentarse como litigante en el caso civil junto con el juicio penal para tratar de recuperar parte de sus fondos.