Panamá, el primer país de abanderamiento de naves del mundo, trata de formar parte del mercado financiero marítimo, calculado en $31 mil millones, a través de incentivos fiscales aprobados mediante la Ley 50 del 28 de junio de 2017, promulgada en Gaceta Oficial.
Esta regulación, que reforma el Código Fiscal, ofrece descuento del impuesto sobre la renta a las entidades o personas que se dediquen al financiamiento marítimo.
También se extiende a bancos de licencia general, internacional o de representación que se dediquen a este servicio. Se incluyen empresas de operaciones destinadas a diseñar, estructurar y desarrollar las condiciones de crédito marítimo.
Se intenta sacarle provecho a la ubicación geográfica de Panamá, además de otros factores como el liderazgo en el registro de abanderamiento con más de 8 mil buques o el 18% de la flota mercante y un centro financiero robusto.
“La Ley 50 es un buen punto de partida para aprovechar las oportunidades que representa el negocio financiero internacional, asociado a la industria marítima para Panamá, dadas las ventajas que ya tenemos”, afirmó José Isabel Quintero, director de Registro Público de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá.
Sería ir más allá de ofrecer el tránsito de buques por el Canal, recibir carga en los puertos o abanderar buques en el registro de naves para captar negocios en el sector bancario o de seguros.
Las empresas que se quieran dedicar a esta actividad deberán obtener una certificación como entidad de financiamiento marítimo, mediante las autoridades correspondientes.
La Ley 50 busca atraer a grandes jugadores por medio de un régimen legal especial de incentivos fiscales, laborales y migratorios para las operaciones de financiamiento del sector marítimo local e internacional.
“Tan solo con el hecho de contar con negocios como el de armado de barcos y todo lo relacionado con este sector, los beneficios de esas operaciones permearían directamente en el resto del conglomerado logístico del país, generando negocios que maximizarían las ventajas que tenemos como país”, dijo Demóstenes Pérez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), a través de un comunicado.
Además de ofrecer beneficios fiscales a las empresas que se dediquen al financiamiento de bienes o proyectos del sector marítimo, se incluyen innovaciones, como los incentivos para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica marina.
“Creo que esta es una oportunidad también para salir de nuestras fronteras y vender las ventajas que tenemos como país en escenarios nuevos y retadores. Estamos obligados a hacerlo y a asumir este tipo de desafíos si queremos un futuro mejor para el país”, añadió Pérez.
La Ley 50, que fue presentada al COEL, comenzará a regir en seis meses.