La discusión y aprobación del proyecto de ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal debe ser tratada como una prioridad para el país. Así se manifestaron ayer representantes de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
El debate del proyecto de ley 591, que también considera el fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales, comenzó el pasado mes de abril, antes de que terminase el periodo legislativo.
Reanudadas las sesiones en la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo y algunos gremios han instado al Órgano Legislativo a retomar el debate.
El proyecto contempla penas de dos a cuatro años de prisión para aquellas personas que intencionalmente defrauden al fisco más de $300 mil en un año. No obstante, la pena de cárcel se anularía si la persona que ha defraudado salda su deuda con el Estado.
La iniciativa surge de una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y no atenderla podría provocar la inclusión del país en la lista gris del organismo internacional, de la que el país salió en 2016. Desde la ABP advirtieron que volver a ser considerada una jurisdicción de alto riesgo afectaría directamente al negocio bancario y al desarrollo del país.
Para Carlos Berguido, director ejecutivo de la ABP, no se trata solamente de una ley para cumplir con las recomendaciones internacionales, sino que también servirá para reforzar las estructuras internas, combatir la evasión fiscal local y, en consecuencia, elevar las recaudaciones tributarias.