Un juez federal autorizó que los tenedores de bonos de obligación general de Puerto Rico sigan adelante con una demanda en la que plantean que el Gobierno no puede negarse a pagarles mientras salda sus deudas con otros inversionistas en un intento por reestructurar su enorme pasivo.
El juez de distrito Francisco Besosa falló el viernes que la demanda procede a pesar de que una ley del año pasado que creó la Junta de Supervisión Fiscal puso en pausa prácticamente todas las acciones legales por parte de los acreedores.
Pero Besosa dijo que la demanda presentada por los tenedores de bonos de obligación general es una excepción, porque no pretende confiscar propiedades en la isla ni obtener ninguna otra forma de pago por parte del Gobierno de Puerto Rico.
La demanda está en desacuerdo con la capacidad del Gobierno para declararse en cese de pagos a los poseedores de bonos de obligación general, mientras sigue pagando sus deudas a otros inversionistas.
Para el 28 de febrero, el gobierno de Ricardo Rosselló debe presentar un plan de impuestos de largo plazo con el fin de que sea revisado por la Junta de Supervisión Fiscal.
Se espera que el documento incluya la estrategia del Gobierno para alcanzar un presupuesto equilibrado y que sirva como base en la negociación con los acreedores para reestructurar la deuda de casi $70 mil millones.