El Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y la empresa First Quantum, a través de su subsidiaria Minera Panamá, salieron ayer a defender la legitimidad de la extensión por 20 años que otorgó a la empresa el Gobierno en diciembre de 2016.
El MICI indicó que la extensión se dio bajo los lineamientos del contrato firmado en 1997, pero que fue declarado inconstitucional en septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, luego que cinco magistrados acordaron que no se cumplió con el decreto de 1969 que regula las concesiones mineras en el distrito de Donoso, provincia de Colón, donde están ubicados los tres yacimientos que se explotarán para extraer cobre, oro, plata y molibdeno.
A través de un comunicado, el MICI indicó que la prórroga se aprobó antes de que la Corte emitiera su opinión de inconstitucionalidad y añadió que el fallo no fue en contra del contrato, sino de la forma que se utilizó para aprobarlo.
El presidente electo Laurentino Cortizo reafirmó que su gobierno revisará que la empresa cumplió con los términos del contrato para ser beneficiada con una extensión. Destacó que esa revisión tampoco debe tomar tanto tiempo y recordó que ese contrato tiene su periodo y se debe ver si se cumplió.
Por su parte, Minera Panamá informó que compartirá con el gobierno que asume el 1 de julio todos los documentos relacionados con la extensión del contrato y asegura que el proyecto cumple con todas las leyes panameñas.
La semana pasada, la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional rechazó el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para que se ratificara el contrato de 1997 y donde se menciona que el decreto que utilizó la Corte para declarar inconstitucional el documento no estaba vigente al momento de su firma.
El 14 de junio próximo Minera Panamá realizará la primera exportación de concentrado de cobre.
Voceros del MICI afirman que la empresa puede seguir operando con normalidad mientras el fallo de la Corte no sea ejecutoriado y aclaran que esto no sucederá hasta que los magistrados den trámite a seis recursos que se interpusieron en 2018 relacionados con la declaratoria de inconstitucionalidad.
Una de las cláusulas criticadas por el Partido Revolucionario Democrático es el 2% de regalías que recibiría el Estado, pese a que el contrato se aprobó durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares que milita en dicho colectivo político.