Mediante una carta publicada en panamacompra.gob.pa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó al representante legal de Astaldi, empresa encargada del diseño y construcción de la avenida Omar Torrijos entre Corozal y el puente Centenario, el inicio de los trámites para rescindir el contrato.
La empresa tiene un periodo de cinco días para presentar sus respuestas y posteriormente se expedirá la resolución de rescisión, que podría ser impugnada.
En la nota, firmada por el titular del MOP, Ramón Arosemena, se señala que “el desempeño del contratista en la aplicación y ejecución de todas las medidas de mitigación ambiental ha sido poco eficiente”. Cita, por ejemplo, “desorganización” en las tareas de tala, limpieza y desarraigue, lo que se tradujo “en acumulación de restos de materiales de capa vegetal y troncos dejados a todo lo largo del proyecto, sin la disposición final a los sitios de botadero aprobados, ocasionado por la falta de recursos”.
El MOP detectó además, incumplimientos al Plan de Control de Sedimentos, aprobado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y medidas de seguridad deficientes.
Tampoco habría cumplido la constructora italiana con las entregas de las distintas fases de diseño, lo que lleva al MOP a concluir que “ha quedado evidenciado ante la entidad contratante, la poca competencia del contratista para la elaboración de estudios y diseños en un proyecto de esta envergadura”.
Ramón Arosemena
Titular del MOP.
En cuanto a la ejecución misma del proyecto, el contratista inició las tareas de tala, limpieza y desarraigue sin contar con la autorización de inicio de obra de la ACP, algo que estaba establecido en el pliego de cargos. La ACP exigió la suspensión de las actividades mientras se concedía el pertinente permiso. Además, el MOP alega que los trabajos se atrasaron por la escasa asignación de recursos a la ejecución, especialmente de equipos de acarreo, equipo pesado y recurso humano.
El cúmulo de contratiempos provocó que el proyecto no supere el 10% de avance, “lo cual es inaceptable y representa el incumplimiento de todo el programa de obra. De 540 días de plazo han transcurrido 431 días, lo que representa más del 80% de plazo contractual para la ejecución y terminación de la obra”, señala la nota del MOP.
Astaldi está atravesando una difícil situación financiera en su país de origen, que la llevó a acogerse a la ley italiana de insolvencia.
Astaldi Panamá informó a este diario, que la empresa, “en conjunto con nuestro equipo legal adelanta un proyecto de respuesta a la nota publicada por el MOP, la cual será presentada dentro del término que otorga la ley y asumimos que la misma será publicada por la entidad contratante, ya que la Ley General de Contrataciones Públicas así lo requiere”.
La compañía señaló que dará respuesta a los argumentos del MOP “únicamente mediante el mecanismo y el plazo concedido por ley para estos eventos”.
Polémica obra
El 17 de enero de 2018, el MOP entregó la orden de proceder al consorcio formado por Astaldi y MCM Global, que se habían adjudicado el contrato con una propuesta de $89.1 millones.
Un año más tarde, se oficializó la salida de MCM Global del consorcio, que cedió todos los derechos a la empresa Astaldi, quedando la constructora italiana como única responsable del proyecto.
La obra está rodeada de polémica y de un fuerte rechazo por parte de grupos ambientalistas y de las comunidades por la tala de árboles a ambos lados de la vía.
El Municipio de Panamá demandó la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental y la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente sus efectos mientras toma una decisión de fondo.
El Municipio alega que se hizo un estudio de impacto ambiental categoría II, pero que debió haberse hecho uno categoría III porque el proyecto tendría un impacto en el parque Camino de Cruces.
Arosemena dijo recientemente que el ministerio está pendiente del fallo de la Corte y que por el momento se están haciendo tareas de mantenimiento en la vía para evitar desprendimientos, pero no se está avanzando en la obra.