El gobierno de Emmanuel Macron desveló su plan para reformar la empresa estatal de ferrocarril, lastrada desde hace décadas por una millonaria deuda, que augura un duro pulso con los sindicatos.
La reforma de la SNCF, la empresa pública que gestiona los ferrocarriles franceses, es una de las tareas más delicadas y complejas en la agenda del joven mandatario liberal.
Varios presidentes lo han intentado y ninguno lo ha logrado. La situación es alarmante, por no decir insostenible, sostuvo el primer ministro, Edouard Philippe, en referencia a la deuda de la SNCF, que se aproxima a los 61 mil millones de dólares.
Los franceses, tomen o no el tren, pagan cada vez más caro un servicio que funciona cada vez peor. Ha llegado el momento de atreverse a lanzar una reforma que los franceses saben que es necesaria, agregó Philippe al presentar la estrategia del Ejecutivo.
Una de las medidas más emblemáticas previstas por esta reforma es la abolición del actual estatuto laboral de los trabajadores del ferrocarril, considerado por algunos como un privilegio, pero por otros como un logro social.
Este estatuto, del que goza el 90% de los empleados de la SNCF, garantiza un empleo vitalicio y un régimen preferencial de pensiones.
El primer ministro anunció que este estatuto, creado en 1920, ya no se aplicará a los nuevos empleados.
La SNCF forma parte del patrimonio de los franceses y seguirá siéndolo, señaló el primer ministro. Al igual que lo hizo con su controvertida reforma laboral, el gobierno optará otra vez por el método acelerado de las ordenanzas para adoptar esta delicada reforma. Este método, criticado por los sindicatos y una parte de la clase política, le permite al gobierno evitar un largo proceso de debate legislativo.