Unas 53 multas ha impuesto, en lo que va de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a varios agentes económicos por errores en el historial de crédito de clientes.
El monto de las multas es de $89 mil 900, destacó la entidad en un informe en que mensualmente retrata los reclamos de los consumidores.
Según el documento, la mayoría de los casos están relacionados a faltas en la prescripción del historial crediticio. Se trata de 12 multas por $21 mil 600.
Sucede que justo antes de que se acerque el período de prescripción de una deuda adquirida por un cliente (que toma unos siete años para que se depure definitivamente), el agente económico hace un simulacro de pago, deposita $1 a la cuenta de esa persona para darle movilidad, y hacer que el historial se mantenga activo en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito (APC), explica Óscar García, administrador de la Acodeco.
Óscar García
Administrador de la Acodeco.
“En esos casos, que no se trata de un error, sino de algo deliberado con la intención de afectar al consumidor, la multa puede ser de hasta $10 mil al agente económico”, dijo el administrador de la Acodeco.
La APC es la entidad que brinda en Panamá el servicio de información de referencias de crédito. Su base de datos contiene más de 10 millones de referencias totales y más de 5 millones de referencias activas. Las entidades financieras la emplean para verificar si el cliente es sujeto de crédito.
El segundo caso, con un total de 12 multas, es rectificación de historial por un valor de $16 mil 500. Se trata de saldos adeudados que tienen solo un mes en mora, pero en el historial aparece con dos o más meses de dilación.
Otras infracciones son debido a que bancos o financieras tienen acceso al historial del cliente sin autorización, o casos donde el cliente está al día con el pago y sale retrasado, entre otros.
En octubre del año pasado, dos diputados de la Asamblea Nacional presentaron un anteproyecto de ley que busca reformar la Ley 24 de 2002, y establece que los datos sobre el historial de crédito de consumidores o clientes incorporados en la base de datos administrada por la APC, prescribirán a los tres años contados a partir de la recepción del último pago, o en caso de que no se haya hecho ningún pago, a partir de la fecha en que se debió hacer el primer pago.
También determina que cuando un consumidor cancele su deuda, la agencia de información de datos APC deberá actualizar su información y borrar la nota crediticia ya cancelada durante los tres días siguientes del pago. Si no lo hace, enfrentará multas de hasta $5 mil.
Este anteproyecto espera por su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional.
