Los diputados mexicanos aprobaron el pasado martes la Ley de Austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene por objetivo poner fin al gasto excesivo en el Gobierno, y que también prohíbe trabajar en el sector privado durante 10 años tras desempeñar funciones de regulador, uno de los períodos de “enfriamiento” más largos del mundo.
La Cámara de Diputados votó a favor de aprobar el proyecto de ley, en general, pero debatió varios artículos hasta entrada la noche. El texto ya había sido aprobado por el Senado y, si no se realizan cambios, se enviará al Presidente para su ratificación. El oficialista partido Morena, con mayoría en la Cámara baja con sus aliados, respaldó la reforma mientras los diputados de la oposición votaron en contra.
AMLO, como se conoce al presidente mexicano, ganó las elecciones por una mayoría aplastante el año pasado tras prometer que acabaría con la corrupción. Recortó su salario, limitó los salarios del Gobierno y puso a la venta el avión presidencial, a favor usar vuelos comerciales.
La Ley de Austeridad consagra medidas de ahorro y toma medidas enérgicas contra la puerta giratoria en el servicio público y el sector privado que AMLO ha descrito como un “cáncer”.
Fernando Galindo, diputado del Partido Revolucionario Institucional, dijo antes de la votación que la calidad de los servidores públicos que se quedarían sería muy mala.
El líder del Senado de Morena, Ricardo Monreal, expresó en una entrevista el mes pasado que los diputados podrían presentar una medida de reforma para reducir el período de espera.
Ante la inminente aprobación de la norma, en las semanas previas a la votación, seis altos funcionarios renunciaron del regulador nacional de banca y valores, entre ellos los encargados de certificar licencias de 85 nuevas empresas de tecnología financiera, según funcionarios actuales y anteriores con conocimiento de las renuncias, que pidieron el anonimato.
Los recortes salariales ya han provocado un éxodo de las agencias gubernamentales y algunos funcionarios tienen previsto renunciar antes de que AMLO ratifique la Ley de Austeridad.
La legislación también prohíbe una amplia serie de prácticas, entre ellas la creación de fideicomisos especiales del Gobierno que han sido criticados por su falta de transparencia, la remodelación de oficinas por razones “estéticas”, la compra de automóviles del Gobierno con un precio de más de $19 mil, y generosas pensiones para expresidentes.