La mina Cerro Matoso de Colombia, una de las principales productoras de ferroníquel del mundo y propiedad de South32, deberá pagar a comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por los daños ambientales y a la salud derivados de sus operaciones, informó la Corte Constitucional. De acuerdo con un fallo del tribunal, se comprobó que la operación de la mina ubicada cerca del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, produce la recurrente emisión de nubes de escoria y material particulado que afecta seriamente a las comunidades aledañas.
El tribunal también aseguró que se encontraron concentraciones excesivas de distintos componentes químicos en los recursos atmosféricos e hídricos circundantes a la mina que han provocado enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas a los habitantes de la zona. “La licencia ambiental de Cerro Matoso, S.A., no se ajusta a los estándares constitucionales de protección al medio ambiente. Existen varias irregularidades en los instrumentos ambientales que rigen las operaciones extractivas de la empresa”, dijo la Corte Constitucional.
El tribunal también sostuvo que la empresa minera deberá tramitar una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes. Cerro Matoso, unidad de South32 con sede en Australia, informó que no ha sido notificada.