Los colegios particulares están obligados a firmar un contrato con los padres de familia donde se establezca por escrito la relación comercial y se deje claro los servicios de enseñanza que presta el centro educativo.
Esta decisión surge tras un fallo emitido en mayo pasado por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en un proceso legal que se estableció contra el Instituto Panamericano (IPA).
La Acodeco le impuso una sanción de 25 mil dólares a la Iglesia Evangélica Metodista de Panamá, que administra el IPA, por violar las normas de protección al consumidor en perjuicio de un grupo de padres de familia que se quejaba —entre otras anomalías— por falta de contrato, cobros indebido de 50 dólares por servicio social y por el aumento de las mensualidades sin que se les hubiese anunciado con suficiente anticipación.
En enero de 2007, la Acodeco inició una investigación administrativa a este colegio tras acoger sendas quejas presentadas desde finales de 2006 por un grupo de padres de familia del IPA.
En primera instancia, la demanda ascendió a 10 mil dólares y posteriormente, ante nuevas quejas que totalizaron 16 expedientes, la sanción aumentó a 25 mil dólares pagaderos al Tesoro Nacional. Como acción amparada por la Ley de Protección al Consumidor, el Juzgado Ejecutor de la Acodeco secuestró cuentas bancarias del IPA por el orden de los 5 mi dólares.
Pedro Meilán, administrador general de la Acodeco, dijo que el fallo de la Corte sienta un precedente porque obliga a todas las escuelas particulares a tener un contrato por escrito, además que deben brindar información clara y veraz de cuáles serían las condiciones que podrían variar en el año escolar.
Meilán aclaró también que es ilegal vender obligatoriamente artículos alusivos al colegio, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a denunciarlo.
Luis Phillips, ex presidente de la Asociación de Padres de Familia del IPA, denunció también que la Ley Orgánica de Educación en su artículo 130 dice que los colegios particulares con el Ministerio de Educación y los padres de familia coordinarán los aumentos de matrículas, cambios de libros y costos, pero que la implementación de esta medida fue detenida por dirigentes educativas alegando que afecta el desarrollo de estos centros de enseñanza.
