WASHINGTON, EU (Bloomberg). Nike Inc., el mayor fabricante de calzado atlético del mundo, anunció que pagará 1.5 millones de dólares para arreglar un juicio iniciado por un consumidor que dijo que la compañía mintió al negar que sus productos fueran hechos en lugares de trabajo explotadores y esclavizantes en el exterior.
El arreglo resuelve un juicio que puso a prueba los límites de la libertad de palabra corporativa.
Nike sostuvo que una campaña de relaciones públicas que respondiera a acusaciones de prácticas laborales abusivas debía estar constitucionalmente protegida.
El consumidor Mark Kasky sostuvo que la defensa de Nike violaba una ley de California sobre la verdad en la publicidad.
La Corte Suprema de EU permitió en junio que el caso de Kasky prosiguiera.
Para Nike, este es dinero bien gastado", opinó Jonathan Turley, profesor de derecho en la George Washington University en Washington.
Cualquier juicio en este caso habría sido una cruenta pesadilla, el tipo de prensa que una compañía como Nike jamás recibiría con agrado.
Nike dijo que el dinero del arreglo se gastará en programas para reforzar la supervisión en los lugares de trabajo en los países en desarrollo y mejorar los programas de educación obrera.
Hemos aprendido mucho en los cinco años transcurridos desde que este caso fue primeramente iniciado, sobre los desafíos que nosotros y otros enfrentamos al tratar temas en los ambientes fabriles, expresó la vicepresidenta de Nike, Maria Eitel, en un comunicado.
Nike hará su pago a la Fair Labor Association, un grupo sin fines de lucro con sede en Washington, que fue fundado en 1999 para supervisar el cumplimiento por parte de las empresas de un código de conducta y asegurarse de que los productos no se fabriquen en condiciones laborales abusivas.
Nike, con sede en Beaverton, Oregon, hizo las afirmaciones cuestionadas en respuesta a acusaciones de condiciones abusivas en fábricas que eran propiedad de subcontratistas en la China, Vietnam e Indonesia. Las noticias aparecidas a mediados de los años 90 sostenían que los trabajadores ganaban menos que el salario mínimo, trabajaban horas extras sin paga, estaban expuestos a productos químicos perjudiciales y sufrían abusos verbales, físicos y sexuales.
Nike negó las acusaciones en informes de prensa, una carta a los directores atléticos de las universidades, un panfleto sobre sus prácticas de producción y cartas a editores de diarios.
El juicio de Kasky, iniciado en 1998, sostenía que Nike violó las leyes californianas de falsa publicidad y práctica comercial desleal al insistir en que garantizaba a los trabajadores un salario para vivir, comidas sin cargo y atención de la salud, y que las condiciones de trabajo cumplían con las leyes locales.