La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyó el expediente de corrupción internacional en Panamá vinculado a la empresa Impregilo, como paradigma de la criminalidad que transfiere fronteras.
Lo hizo a través de un informe de 164 páginas, publicado en el marco del 20 aniversario del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.
En el documento se incorporó el intento de desvío de hasta $20 millones del fallido hospital en Veraguas.
Según el sumario judicial, el hospital era en realidad un “modo oculto e indirecto” de ofrecer coimas a Ricardo Martinelli, a través del empresario dominicano Rogelio Oruña.
En este sentido, la OCDE destaca que “el soborno consistió en al menos $50 mil para financiar un viaje privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli a Cerdeña, junto con una delegación de Impregilo, y la promesa de la empresa de construir un hospital por un valor de $20 millones”.
La OCDE especifica que los indicios de pagos de coimas a funcionarios panameños se evidenciaron, cuando la fiscalía de Nápoles investigaba de forma paralela un posible caso de extorsión contra el entonces primer ministro Silvio Berlusconi.
También se hace mención a la conversación telefónica interceptada de febrero de 2011, en la que Valter Lavitola, intermediario de Berlusconi, habló con Ricardo Martinelli hijo sobre el helicóptero con los asientos tapizados en piel de Hermes.
“En algunas interceptaciones [por ejemplo, en el ‘caso del helicóptero’], surgieron síntomas de soborno internacional en relación con un porcentaje intermediario excesivo y transferido a través de una empresa que debía crearse, con el único propósito de ejecutar formalmente las licitaciones”, detalla la OCDE.
Por este delito, Lavitola fue condenado a 11 meses de prisión, fruto de un pacto firmado entre la fiscalía y su defensa legal en enero de 2015.
A finales de enero deberá sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados del tribunal de Nápoles, acusado de otro caso de corrupción relacionado con las negociaciones para que la empresa italiana Svemark construyera cárceles modulares y otras obras en Panamá.
