La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió ayer a España que modifique su normativa "rápidamente" para reforzar los procedimientos y las sanciones contra las empresas que recurran a la corrupción en el extranjero.
La OCDE, que reconoció en un informe de su grupo de trabajo sobre la corrupción los avances realizados por España con las nuevas competencias de la agencia de lucha de la corrupción y de la normativa de confiscación de bienes, subrayó la necesidad de que las empresas puedan ser consideradas responsables de corromper a funcionarios extranjeros y que se les impongan fuertes multas.
En ese sentido, insistió en que hay que enmendar la legislación para que el delito de corrupción en el extranjero no necesite para su aplicación el recurso a la normativa de otro país.
Se debe considerar delito todo acto de corrupción de un funcionario extranjero, aunque no sea mediante beneficios pecuniarios y la sanción debe ser "efectiva, proporcional y disuasoria" para hacerla equivalente a la de otros delitos económicos similares, según la organización.
También hay que eliminar las reducciones de castigos por corrupción.
