La constructora brasileña Odebrecht señaló ayer que continúa dispuesta a que se realice un estudio “independiente” para determinar los motivos que generaron las fallas en la Central Hidroeléctrica San Francisco, pese a la vigencia de un decreto ejecutivo que ordenó su expulsión del país sudamericano.
Una nota publicada en diarios locales mencionó además que la decisión del Gobierno afectó a personas que no tenían relación con el proyecto y terminó contratos que habían sido avalados por organismos de control.
Según la misiva, los daños podrían derivar de “varias causas”, pese a lo cual el consorcio tomó “las medidas correspondientes por su cuenta”, sin un estudio previo que determine responsabilidades.
“Odebrecht ha estado y continúa a disposición del Gobierno ecuatoriano para que dichas averiguaciones sean realizadas por una institución independiente”, añadió.
El reporte aseguró que “lo que debería ser una discusión técnica comercial, dentro del ámbito contractual y del marco legal existente, acabó transformándose en motivo de decretos presidenciales que afectaron a personas no involucradas en el referido proyecto”.
Además dijo que se cancelaron “otros contratos de Odebrecht que estaban en ejecución normal, dentro de los plazos previstos”.
Destacó que dichos documentos “fueron firmados en el presente gobierno y contaron con informes favorables de los organismos de control del Estado ecuatoriano”, pese a lo cual “está contribuyendo” para su término dentro del marco legal existente.
