Tras permanecer fuera de los reflectores durante 2017, la empresa brasileña Odebrecht ha vuelto a la carga este año retomando su interés por participar en los contratos estatales.
La empresa, que reconoció el pago de sobornos en al menos 10 países latinoamericanos para ganar contratos, estaría detrás del proyecto licitado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para reparar caminos en la provincia de Chiriquí, trabajos que costarían 49 millones de dólares, según el precio de referencia de la institución.
La entrega de propuestas está programada para el próximo martes 30 de enero y Odebrecht ya cumplió con el requisito de participar en la reunión de homologación, encuentro que compartió con otras 10 empresas. Entre ellas Bagatrac, cuyo nombre ha estado en la palestra pública durante los últimos días debido a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público relacionadas con el caso Blue Apple, en el cual se investiga el pago de coimas a exfuncionarios del gobierno pasado para agilizar desembolsos.
El contrato que licita el MOP comprende dos tramos de carretera que en conjunto suman 80.3 kilómetros. El primero será de 39.5 kilómetros y comprende los corregimientos de Bijagual, Cochea, San Pablo Viejo, San Carlos y Guacá, mientras que el segundo tramo toca las comunidades de San Pablo Nuevo, Pedregal, Chiriquí y David, con una extensión de 40.8 kilómetros.
De acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones, las compañías podrán presentar ofertas por ambos tramos o de forma individual.
DECRETO SIGUE VIGENTE
Ante las reiteradas muestras de interés que ha tenido Odebrecht por proyectos estatales en las últimas semanas, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, indicó que el comunicado del 27 de diciembre de 2016 donde el Consejo de Gabinete se pronunció sobre la prohibición de adjudicar nuevos contratos a la empresa brasileña sigue vigente.
“Ellos deben abstenerse de presentar cualquier propuesta en las licitaciones públicas hasta que se cumplan las condiciones que se fijaron en el comunicado”, reiteró.
En el cuarto punto del comunicado del 27 de diciembre de 2016 se indica que la compañía no podrá adjudicarse un nuevo contrato oficial hasta que “demuestren una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado”. Así mismo, la participación futura de Odebrecht ”requerirá de un informe de cada entidad con la cual existen obras en ejecución sobre su cumplimiento de los términos contratados, el cual deberá ser avalado por la Contraloría General de la República”, indica el documento citado por Sánchez.
No obstante, el pasado 9 de enero, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó que la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República revisaría la sentencia emitida por el juez Óscar Carrasquilla, en la que certificó que la constructora Odebrecht no está inhabilitada para licitar con el Estado, tal como se contempló en el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la empresa y la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el pago de sobornos a funcionarios y particulares.
Además de la rehabilitación de las calles en la provincia de Chiriquí, Odebrecht ha mostrado interés en proyectos de infraestructura del Aeropuerto Internacional de Tocumen y en mejoras que se harán al Parque Recreativo y Cultural Omar, que en conjunto suman 14 millones de dólares.
En días pasados, la compañía brasileña indicó que había firmado un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público en julio de 2017 y que estaba cumpliendo “a cabalidad” con el mismo.