La constructora brasileña Odebrecht podrá seguir operando en Perú a cambio de aportar pruebas en una investigación contra funcionarios y políticos por el pago de sobornos, según un acuerdo que está cerca de concretar con las autoridades, dijo una fuente cercana a las conversaciones.
El pacto con Odebrecht, que busca deshacerse de algunos activos en Perú para pagar a sus acreedores, garantizaría además el pago de una reparación civil por las irregularidades que cometió para ganar obras públicas en el país andino, afirmó a Reuters la fuente, que pidió mantener su nombre en reserva.
A cambio, las autoridades ofrecerán “excepciones de penas para los colaboradores (ejecutivos de Odebrecht)”.
El monto de la multa sobre Odebrecht, inmersa en una trama de corrupción en varios países de Latinoamérica, aún no se determina, indicó.
“El acuerdo de colaboración va a dar un impulso a la investigación (...) y la prueba es que ya estamos programando las declaraciones de altos ejecutivos en enero”, dijo la fuente.
En la lista de directivos por interrogar figura el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ya había declarado ante fiscales peruanos e involucró a expresidentes y a la líder del partido opositor Keiko Fujimori, que está en prisión preventiva mientras la investigan.
Un funcionario judicial cercano a las conversaciones y que solicitó el anonimato detalló que Odebrecht reconocerá en el acuerdo de colaboración sobornos en al menos siete obras en Perú, entre ellas la construcción del primer metro de Lima durante el segundo gobierno de Alan García.
También en la construcción de una carretera interoceánica que unió Brasil y Perú bajo el gobierno de Alejandro Toledo, quien encara un proceso de extradición desde Estados Unidos por acusaciones de recibir $20 millones de la firma brasileña.