Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos para ganar contratos en Panamá, podría seguir construyendo para el Estado, a pesar de que en el borrador de las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas se plantea penalizar a las empresas que incurren en delitos contra la administración pública.
En la práctica, todas las empresas que hayan firmado acuerdos de colaboración eficaz antes de la vigencia de las reformas podrían seguir participando en las licitaciones estatales.
El proyecto, que modificaría la Ley 22 de Contrataciones Públicas de 2006, establece que se respetarán los pactos de colaboración judicial que se hayan firmado con las autoridades competentes.
Sin embargo, todo lo que ocurra a futuro será castigado. Los cambios, que ha comenzado a divulgar el Ejecutivo con distintos gremios y organizaciones, proponen como causal de incapacidad para contratar con el Estado cometer actos de corrupción que hayan sido sentenciados “en firme en tribunales panameños”.
También indica que no podrán contratar con el Estado las empresas cuyos accionistas mayoritarios hayan sido condenados, siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus compañías afiliadas.
Esta regulación regiría a partir de la vigencia de la ley, ya que no puede ser retroactiva, explicó el asesor legal de la Presidencia, Gaspar Tarté. Por tanto, la medida no alcanzará a Odebrecht ni a ninguna otra empresa que haya utilizado esquemas de sobornos para ganarse contratos estatales.
Tarté indicó que es difícil cancelar un contrato que ya está en ejecución y no es competencia de la Ley 22, justificando la no retroactividad de la medida.
En este sentido, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), coincidió en que sería ilógico ir contra la materia legal si se llegó a un acuerdo antes de cambiar la ley.
“Entiendo el sentimiento que existe con Odebrecht, pero esto no se hizo para esa empresa, sino para que no se vuelvan a repetir ese tipo de prácticas”, agregó Sousa.
En el caso de las personas naturales, las reformas indican que no se podrá contratar a quienes hayan sido condenados en los cinco años que anteceden a la adjudicación (ejecutivos de Odebrecht admitieron delitos que ocurrieron de 2010 a 2014).
Se refiere a condenas por sentencia judicial definitiva o que hayan admitido y firmado acuerdos de colaboración judicial donde confiesan o reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico.
Entre otros aspectos que propone la reforma, se plantea eliminar el uso de papel en las licitaciones para hacerlo de manera digital.
Con ello se busca disminuir costos y transporte para llevar esa documentación. El uso digital en las licitaciones estatales ya se practica en otros países de la región, como Chile.
El proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas tienen que ser presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su discusión. Hasta el momento el proyecto se ha llevado a los gremios empresariales.