El Tribunal de Contrataciones Públicas pidió apoyo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para realizar un peritaje en la carretera que se construye entre las comunidades de Cuango y Santa Isabel en la costa arriba de la provincia de Colón, obra que tiene un retraso de dos años y medio.
En julio pasado, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anuló el contrato que firmó en 2013 el exdirector de la entidad Salomon Shamah con la empresa venezolana RPL-CSI Panamá por $19.5 millones para la carretera de 18.8 kilómetros.
Después de favorecer a la compañía con cuatro adendas y haber cancelado 10 millones de dólares del valor del contrato, la ATP, bajo el mando de Gustavo Him, alegó incumplimiento del contrato, no obstante, la empresa interpuso un recurso ante el Tribunal de Contrataciones Públicas para evitar la anulación del contrato.
Ahora, el magistrado sustanciador Elías Solís González ordenó un peritaje para conocer más detalles del proyecto y solicitó a la ACP que designara a un ingeniero que representara al tribunal en dicha diligencia.
El 26 de septiembre, la ACP notificó al tribunal que había nombrado al ingeniero Rigoberto Delgado, quien junto con Gonzalo Justianiani y Andrés Robleto López, peritos designados por la ATP y el contratista, respectivamente, tendrán que inspeccionar la obra.
Con este peritaje, el magistrado busca determinar el avance real del proyecto, determinar cuántos días faltarían para culminar la obra y establecer la calidad de los trabajos realizados a la fecha por el contratista.
Al respecto, la Contraloría General de la República, una vez fue notificada de la decisión de la ATP de anular el contrato, hizo una inspección y determinó que la obra tiene un avance de 67% en los 14 primeros kilómetros intervenidos, faltando otros 4 kilómetros que no presentan ningún avance.
En sus descargos ante el tribunal administrativo, RPL-CSI Panamá acusó a la ATP de cambiar en al menos dos ocasiones la ruta del último trayecto de la carretera, así como demoras en la aprobación de los estudios ambientales y para extraer material pétreo en la zona.
EXTRACCIÓN DE ARENA
Moradores de la costa arriba de la provincia de Colón denunciaron que personal de RPL-CSI Panamá estaba extrayendo arena de la playa Chiquita, situación que fue confirmada por la ATP.
En una nota enviada a los representantes de la compañía el 22 de agosto pasado, la ATP señaló que la extracción de arena no estaba contemplada dentro del estudio de impacto ambiental, lo que constituía una violación al contrato.
El administrador de la ATP añadió que el Ministerio de Ambiente debe hacer una investigación sobre la extracción no autorizada.
En la nota del 22 de agosto, la ATP advirtió al contratista de que había reactivado los trabajos en el proyecto sin la previa notificación que establece el contrato y sin la supervisión por parte de un personal idóneo.
Adicional, la institución pidió a la compañía de capital venezolano que suministre el nombre del personal que está ejecutando los trabajos para verificar que tiene las capacidades técnicas para llevar a cabo la obra.