Perú inició un proceso sancionador contra 131 empresas comercializadoras de combustibles por indicios de concertación de precios, en algunos casos desde hace una década, dijo la oficina estatal de defensa al consumidor, Indecopi.
Entre las investigadas figuran comercializadoras locales de la petrolera española Repsol y algunas peruanas como Pecsa y Primax, esta última del Grupo Romero, uno de los más importantes del país.
El secretario técnico de Indecopi, Jesús Espinoza, dijo que solo en Lima, el mayor mercado de Perú, están siendo señaladas 66 empresas por la existencia de un posible acuerdo para elevar los precios en la venta de gas natural vehicular entre 2011 y 2015.
“Las evidencias están basadas en correos electrónicos, registros de asistencia a reuniones y también hemos revisado los precios. Tenemos que probar siempre el renunciar a competir para comprobar los casos de colusión”, explicó Espinoza a Reuters.
La presunta concertación de precios se habría dado también en la venta de gas de uso doméstico y de algunas gasolinas, acotó.
Representantes de Primax, Pecsa y Repsol de Lima no estuvieron disponibles para realizar comentarios sobre el tema. Espinoza dijo que esperan culminar el proceso sancionador en el plazo legal que vence en el primer trimestre del próximo año; y que la multa podría llegar hasta un 12% de las ventas anuales de las compañías involucradas.