Panamá y Colombia se reunieron ayer en Cartagena para buscar finalizar con la disputa comercial que los atañe desde 2013, pero la resolución del encuentro fue que ambos países comenzarán a trabajar juntos a partir de la próxima semana.
Según un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), las autoridades acordaron implementar “un plan de acción que permita superar las diferencias entre los dos países, surgida por las medidas comerciales aplicadas por las autoridades colombianas a los calzados y textiles provenientes de Zona Libre de Colón (ZLC), para lo cual mantendrán un diálogo constante en conversaciones a partir de la próxima semana”.
La nota apunta que “se pusieron sobre la mesa las posibles acciones a tomar y ahora corresponde a los equipos técnicos de cada país realizar sus evaluaciones a fin de determinar la viabilidad y el alcance en la aplicación de las mismas”.
No sé sabrá cuáles fueron las propuestas hasta que sean aprobadas por Panamá y Colombia.
Ambos países resaltan la importancia de resolver la disputa por la vía diplomática. Vía que, durante los tres años y medio que duró la disputa comercial ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), tuvo poca injerencia en el asunto.
Mientras transcurrían las etapas ante la OMC para resolver el conflicto, Colombia extendió hasta tres veces la vigencia del arancel en disputa. Dos de ellas se dieron después de conocer los fallos favorables a Panamá.
En estas instancias, Panamá solicitaba a Colombia acatar el fallo, pero la respuesta colombiana era prorrogar la medida. Se plantearon encuentros entre los ministros de Comercio de ambos países, pero sin éxito. La comunicación no trascendió de un par de correos electrónicos.
En la reunión de ayer participaron el ministro de Comercio de Panamá, Augusto Arosemena, y su homóloga colombiana, María Claudia Lacouture; el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié y la vicecanciller de Colombia, Patti Londoño.
El pasado 2 de noviembre, Colombia acomodó el arancel mixto a la importación de calzados y textiles a los límites máximos permitidos, pero en otro decreto impuso barreras no arancelarias que generaron disconformidad en las autoridades panameñas.
