Panamá ha avanzado en los últimos años en la creación de un marco legal más robusto para prevenir el blanqueo de capitales, pero hay una serie de desafíos que se deben afrontar.
Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina Regional para América Central y el Caribe de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen, recomendó“no tener tanto miedo de las listas grises ni de la evaluación del Grupo de Acción Financiera”.
El resultado de una evaluación de este organismo no debería desalentar el trabajo para seguir fortaleciendo el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
El representante del organismo internacional, que participó ayer en un evento para conmemorar el día nacional para la prevención del blanqueo de capitales, señaló que la Ley 23 de 2015, que introdujo un nuevo régimen de combatir este delito, “es buena”.
Para el experto, se debe trabajar en que el análisis del riesgo que hacen instituciones públicas y privadas sea más estandarizado. Sugiere la creación de un diplomado en la lucha contra el blanqueo de capitales para que todos los oficiales de cumplimiento tengan un nivel similar de conocimiento y certificación. Una vez certificados y después de un periodo en el que no podrían ser removidos de sus posiciones para garantizar la estabilidad, los oficiales de cumplimiento podrían ser rotados a otras instituciones para entrenar a otros compañeros e intercambiar conocimientos.
De Andrés también puso la atención en la necesaria fiscalización de las organizaciones sin fines de luco. Existe un decreto que obliga a las organizaciones sin fines de lucro a registrarse, pero esto no sería suficiente. “Es importante que la implementación de ese decreto se haga día a día y con operaciones que las fundaciones tengan en otras jurisdicciones con otro nombre”. La oficina de Naciones Unidas ha identificado como un riesgo —en otras jurisdicciones distintas de Panamá— que fundaciones de este tipo se interconectan con otras que pueden captar fondos para el financiamiento del terrorismo. “Hay que empezar a pensar en eso. Esta es una de las metas que debemos tener en el análisis de riesgo”, acotó.
Desde el punto de vista de intercambio de información, Panamá es uno de los países que más coopera, señala De Andrés, pero en este aspecto sugiere que el país debe elevar el número de requerimientos a otras jurisdicciones. “Tiene que empezar a ser proactivo enviando requerimientos a otras jurisdicciones. Pasar de estar a la defensiva a estar a la ofensiva.
En la organización de la jornada para conmemorar el día nacional para prevenir el blanqueo de capitales participaron también la Unidad de Análisis Financiero, la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, los distintos reguladores panameños, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y la Asociación Bancaria de Panamá.
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, que clausuró el evento, se refirió a la penalización de la evasión fiscal y su consideración como delito precedente al lavado de activos como una de las tareas pendientes. “No es una cuestión de soberanía, sino de jugar con las reglas de todos los países. Estamos siendo vistos como el último país en hacerlo”, dijo el ministro, que adelantó que apoyará la propuesta legal del Ministerio de Economía y Finanzas para tal efecto.
“Nosotros no necesitamos dinero sucio, necesitamos dinero limpio. Y tenemos muchas características para seguir compitiendo con otros centros financieros”, acotó.
Para Bethancourt, también es necesario el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Consultado sobre los fallos de jueces que podrían generar impunidad en delitos de alto perfil, dijo que “sin señalar con el dedo a nadie, debemos fortalecer en todas las líneas el tema de la institucionalidad. No debe pasar por la voluntad de personas, sino por instituciones firmes... Hay separación de poderes, pero no debemos olvidar que hay un postulado universal y en el sistema jurídico de que hay que darle a cada uno lo que se merece. Debemos buscar la persecución del delito”.