Panamá no figura en la lista de jurisdicciones con deficiencias en materia fiscal de la Unión Europea (UE), un logro que el país ha conseguido adecuando su legislación a los estándares internacionales de transparencia.
El llamado grupo del Código de Conducta -compuesto por un equipo de 28 técnicos- fue el encargado de supervisar la nueva legislación de Panamá y elaborar con los resultados la nueva clasificación que se anunció ayer martes tras la reunión de los ministros de Economía (Ecofin) en Bruselas.
Las bases que permiten la identificación de un paraíso fiscal según la principal institución del Viejo Continente son tres: el nivel de transparencia fiscal, la aplicación de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios, y el grado de justicia de su política impositiva.
Panamá fue incluida en la primera versión de la lista del pasado 5 de diciembre de 2017 porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un régimen preferencial tributario nocivo”.
Pero solo 41 días después de su publicación, el istmo pasó del Anexo I, que incluye a las jurisdicciones no cooperativas, al Anexo II, que agrupa a los Estados en los que se han identificado deficiencias pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos como fiscalidad, transparencia o intercambio de información durante 2018 y 2019.
Desde entonces, el país ha introducido cambios relevantes en su legislación interna para adecuarse a los nuevos compromisos.
Johan Langerock
Consultor de impuestos en la UE.
Entre ellas, la Ley 51, que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país y la Ley 52, que obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.
Además, tipificó como delito del Código Penal a la evasión fiscal y reguló la actividad de los llamados call center y de los regímenes especiales (sedes de empresas multinacionales, Área Económica Especial Panamá-Pacífico).
De las 17 jurisdicciones iniciales, la lista fue evolucionando a lo largo de los meses hasta un total de cinco -Samoa, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y Guam-, a los que se han añadido este martes otras 10: Aruba, Barbados, Belice, Bermudas, Fiyi, Islas Marshall, Omán, EAU, Vanuatu y Dominica.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, destacó que la clasificación de la UE es “un verdadero éxito europeo”, porque a su juicio ha tenido un efecto contundente en “transparencia fiscal y justicia global”.
“Docenas de países han eliminado sus regímenes fiscales dañinos y los han alineado con los estándares internacionales”, celebró.
“Los países que no cumplen han sido incluidos en la lista ‘negra’ y tendrán que enfrentarse a las consecuencias que eso supone. Estamos elevando el listón de la buena gobernanza fiscal y reduciendo las oportunidades para abusos fiscales”, subrayó el político francés.
Nuevamente, la lista de la UE no estuvo exenta de polémica. Ningún Estado miembro figura en ella, a pesar de que territorios como Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta y Chipre incumplen sus propias reglas fiscales.
En un informe publicado el pasado jueves, la oenegé Intermon Oxfam denunció que estos cinco países facilitan la creación de estructuras opacas y atraen beneficios que no reflejen la actividad económica real en el mismo, lo que contradice los principios del bloque comunitario.
“La UE impone sus normas al mundo exterior, pero dentro de la UE hay muchas prácticas tributarias perjudiciales que son legitimadas”, señaló el autor del documento, Johan Langerock.
Está previsto que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, presente otra lista que señale a los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales, después del rechazo unánime de los 28 Estados miembros que generó la primera clasificación en la que se incluía a Panamá.
El país espera lograr efectividad en norma fiscal
Panamá celebró la decisión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) de remover al país del Anexo II de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales, indicó la Cancillería panameña en un comunicado.”Panamá ha emprendido un riguroso proceso de fortalecimiento de su plataforma financiera y de servicios internacionales” y ha logrado adecuarse a los estándares globales de equidad fiscal, asegurando la competitividad del país, añadió el comunicado del Gobierno.La Cancillería indicó que el país “continuará trabajando de la mano de la comunidad global para asegurar mecanismos efectivos de equidad fiscal y cooperación internacional”.