Panamá suspendió el contrato que había pactado con Colombia para comprar dos buques de seguridad valorados entre $25 millones y $30 millones.
Se trata de la primera medida de presión generada por el Gobierno tras una disputa comercial que mantienen Panamá y Colombia desde 2013.
La compra de los buques, prevista para fortalecer el blindaje en materia de seguridad en los océanos Pacífico y Atlántico, fue acordada en octubre de 2016 en una reunión llevada a cabo por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.
La decisión de prescindir el contrato, sin que aún se tenga una fecha de reactivación, se anunció ayer, pero fue tomada “hace algún tiempo”, reveló el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, quien descarta que se trate de una medida de retorsión contra el país suramericano. A cambio, el funcionario prefirió decirle a los medios panameños que la acción la podía interpretar como quisieran.
Una larga disputa comercial entre ambos países se inició cuando Colombia aplicó un arancel del 10% a los calzados y textiles más otros cargos por cada contenedor procedente de la Zona Libre de Colón (ZLC).
Ante esta medida, Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar tal decisión. En junio de 2016 la OMC determinó que Panamá tenía razón, al considerar que los aranceles aplicados por Colombia eran más altos de los permitidos por este organismo.
Pero Colombia, en vez de acatar la medida de la OMC, prorrogó la vigencia del arancel por cuatro meses con el argumento de cuidar a su industria al combatir el lavado de activos y el contrabando que desembarcaba a su país desde la ZLC.
Por su parte, Panamá incrementó las tasas de importación de varios productos como flores, carbón y cemento sin pulverizar.
Luego, tras varios encuentros entre representantes de ambos países, en noviembre de 2016, fue cuando el Gobierno de Colombia reconfiguró el cobro del arancel mixto al calzado y los textiles procedentes de la ZLC, pero aprobó dos decretos que endurecen los controles aduaneros y que dificultan del mismo modo las importaciones de dichos artículos.
Panamá, por su parte, rechazó las nuevas medidas por considerarlas restrictivas, pero advierte que a pesar de que se están evaluando distintas alternativas, no se puede tomar una decisión apresurada para calmar el clamor popular.
“Exigimos a Colombia que desmantele esa medida de una vez por todas, pero a la vez se debe tomar una decisión que sea la mejor para todos los panameños... Nuestro deber es defender a nuestro sector privado, pero no por eso vamos a tomar una medida acelerada”, dijo Arosemena.
Por su parte, Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, suspender la compra de estos buques a Colombia es una medida correcta.
“La imagen de nuestra nación sufrió muchos reveses durante el año pasado y, para defender al país, se necesitan acciones contundentes. Felicitamos al Gobierno Nacional por tomar esta decisión. Nos parece que con esto se envía un mensaje claro a las autoridades del país suramericano exigiendo respeto”.
Además, advierte que esto ayude para que, finalmente, se dé un acercamiento bilateral que resuelva este conflicto.
El próximo 22 de enero vence el plazo que dio a Colombia el árbitro designado por la OMC a fin de desmantelar los altos aranceles a la importación de vestuario y calzado. Sin embargo, todo indica que su resolución dista de concretarse.
Queda de parte de ambos países seguir dialogando o continuar estableciendo presiones comerciales.