El documento de 239 páginas fue dado a conocer ayer, en Suiza, según informó la prensa internacional, por el propio Jaime Curuana, gobernador del Banco de España, quien presidió el comité consultivo de estas nuevas reglas de capital (o Basilea II), que deben entrar a regir a partir del 2006.
Este acuerdo plantea exigencias de capital más estrictas basadas en una medición de riesgos técnicamente más sofisticada, a fin de amortiguar el impacto de eventuales crisis o pérdidas importantes e inesperadas.
Las autoridades panameñas han reconocido en reiteradas ocasiones que las nuevas normas tendrán un impacto en las operaciones bancarias, pero confían en que no necesariamente esto sea de manera negativa.
"Para eso hemos estado conversando y preparándonos, a efecto de que el centro bancario se mantenga como lo que es en la región, un centro fuerte, un centro capitalizado, un centro moderno", dijo en una reciente conferencia la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Aunque estas estrictas normas bancarias comenzarán a aplicarse a partir de 2006, el centro bancario panameño "no se puede quedar atrás y deberá ponerse al día desde ahora", sustentó la superintendente hace un par de meses.
En Panamá, la aplicación de Basilea II no será uniforme para todos los bancos de la plaza. Las subsidiarias y sucursales, cuya casa matriz se encuentre en países del "Grupo de los 10", y los que sean bancos regionales, tendrán que implementarlo desde el 2006. Los demás lo harán de acuerdo con un cronograma que se establecerá próximamente.
Consultores internacionales han destacado que las nuevas normas mundiales sobre las reservas que los bancos deben apartar para cubrir posibles pérdidas por préstamos, podrían costarle a cada banco hasta 200 millones de dólares.
Basilea II, que sustituye al anterior acuerdo (Basilea I), que data de 1988, exige a los bancos -al igual que el primero- unas reservas mínimas de capital del 8% de los activos de todo tipo, medidos según el riesgo.
La regulación propuesta exigirá a los bancos que aparten capital, dependiendo del riesgo de sus préstamos.
En el caso de los bancos pequeños, que no tienen suficientes recursos para implementar estas reglas, el nuevo acuerdo los obligará a que los accionistas hagan nuevos aportes de capital.
El nuevo acuerdo afina mucho más los sistemas de cálculo de riesgo; deja a los supervisores de cada país la posibilidad y responsabilidad de extremar aún más los requerimientos de capital para los bancos nacionales, y exige a las entidades financieras mayor transparencia en beneficio de los inversores. Más información en Martes Financiero.
