Panamá activará la unidad para la competitividad de servicios internacionales que busca luchar contra la corrupción en los temas financieros y que tiene como norte sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esta unidad será parte de la futura Secretaría de Estrategia para el Desarrollo y Competitividad de la Presidencia de la República, que además se encargará de la transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad, dijo ayer el ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas. Como parte de la secretaría también participará la Unidad de asuntos logísticos y la Unidad para la facilitación de la inversión privada.
Se trata de un ente desde donde se definirá lo que tienen que hacer los diferentes órganos del Estado e instituciones para poder salir de la lista gris y no entrar a una lista negra, explicó Rojas.
“Será una unidad desde donde se coordinará en armónica colaboración, como lo permite la Constitución, entre todos los entes”, recalcó el funcionario.
En junio, Panamá regresó a la lista gris del GAFI, donde estuvo de 2014 a 2016, junto a otras 11 naciones, pese al fortalecimiento de la legislación, entre ellos la aprobación de la ley que penaliza la evasión fiscal como delito.
Lo que se plantea, añadió Rojas, es separar la Intendencia de Sujetos no Financieros Regulados, pero también ha habido una constante recomendación de que la Unidad de Análisis Financiero no debe ser parte de la Presidencia, porque existen registros de que el 75% de los casos de esta unidad no iban al Ministerio Público, sino al Consejo de Seguridad.
En la última revisión del Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat, brazo regional del GAFI), efectuada en Paraguay el pasado jueves, Panamá logró subir de 35 a 38, de un total de 40 exigencias que pide cumplir el organismo. Las tres exigencias logradas están relacionadas con la aprobación de la ley que penaliza la evasión fiscal durante la gestión del expresidente Juan Carlos Varela. Los otros dos requerimientos pendientes están relacionados con las estructuras de sociedades y beneficiarios finales, que le corresponderá cumplir a este gobierno.
Gabinete Logístico
En medio de un paro en el puerto de Balboa, que ayer cumplió 10 días, el Ejecutivo instaló el Gabinete Logístico que presidirá el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.
Este Gabinete Logístico funciona desde 2012, pero según el Gobierno, ahora se busca mejorar el nivel de competitividad del país y promover su fortaleza como un centro logístico internacional para el comercio global.
Entre los compromisos que ejecutará el Gabinete Logístico durante los primeros 100 días, se destacó la aprobación de un reglamento de funcionamiento, que defina los tiempos de ejecución.
El gabinete lo integran más de 15 entidades y se instaló en la sede del puerto PSA Panamá, ubicado en Rodman, frente al puerto de Balboa, que opera parcialmente.
En su intervención Carrizo dijo que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley, al referirse a la necesidad de que las convenciones colectivas se negocien en el tiempo establecido. En el caso del puerto de Balboa, la nueva convención se debió negociar en 2018 para que comenzara a regir a partir del 1 de enero pasado. Sin embargo, la presentación de recursos legales atrasó la negociación.
Durante el gabinete, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, quien ha estado mediando en el conflicto, presentó un informe sobre este paro.
Desde que se inició el diálogo se han aprobado 14 propuestas.
Zapata informó que la empresa retiró el recurso que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia y se le ha pedido a los trabajadores que suspendan el paro y se entre a ver la convención.
Este convenio debía regir de 2019 a 2022.
En Balboa hay cuatro sindicatos y uno de los inconvenientes surge porque el grupo que mantiene el paro, el Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte por vías Acuáticas y Afines de Panamá (Sitravaap), no es al que le corresponde negociar el nuevo acuerdo. Según el Mitradel, la negociación la debe hacer el Sindicato Industrial de Trabajadores Portuarios y Similares de Panamá (Sintraporspa), que se opone al paro.