Tras un 2018 con un crecimiento previsto de alrededor de 4%, el más moderado en la década actual, las proyecciones apuntan que la economía del país repuntará a tasas superiores al 5% a corto y mediano plazo.
Esta es la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que publicó recientemente sus conclusiones sobre la revisión anual a la economía de Panamá en el marco del artículo IV y luego de la visita al país.
Para 2018, la entidad calculó un crecimiento de 4.3% como consecuencia de la desaceleración de sectores claves, incluyendo la construcción, afectada por una huelga de trabajadores de un mes. El menor dinamismo se tradujo en un alza marginal del desempleo hasta el 5.8%, mientras que la inflación se mantendría controlada a pesar del aumento en el precio de alimentos y combustibles.
Este 2019 se espera una recuperación de dos puntos porcentuales, para alcanzar una tasa de crecimiento de 6.3%.
FMI
El mayor dinamismo estaría sustentado en el inicio de operaciones de la mina de cobre de Colón y en la recuperación de la construcción. Con una convención colectiva ya acordada para los próximos años, no se espera que haya un parón similar en la actividad al de 2018. Este factor, unido al inicio de grandes obras de infraestructura pública, marcará la diferencia respecto al ejercicio anterior.
El análisis del organismo internacional coincide con el de expertos locales. El presidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, señaló a este diario que 2019 se presenta con unas perspectivas positivas. El Canal de Panamá, la minería, el comercio internacional y la logística y el centro financiero aportarán al producto interno bruto (PIB) importantes niveles de producción para sostener un 5.5% de crecimiento, que se apoya en inversiones públicas y privadas.
Por su parte, la consultora local Indesa también refleja en sus proyecciones una aceleración de la economía, aunque con tasas menores de crecimiento: de un 3.8% de 2018 se pasaría a un 5% en 2019.
En lo que se refiere a las finanzas públicas, el FMI proyecta déficits fiscales moderados en línea con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, lo que junto al crecimiento económico llevaría a una reducción de la relación entre la deuda y el PIB hasta niveles cercanos al 33% en 2023 desde un 38.3% de 2018.
Olmedo Estrada
Presidente del Colegio de Economistas.
Los directores del FMI destacaron la importancia de preservar la disciplina fiscal para mantener la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente.
Reconocen además que la revisión al alza de los límites de déficit a corto plazo abre espacio para una mayor inversión, pero recomiendan el retiro gradual del estímulo a medida que el crecimiento se acelere.
Riesgos
El dictamen general del FMI sobre Panamá es positivo. El crecimiento, que está entre los más altos de la región, se sustenta en unos fundamentos económicos sólidos.
No obstante, también se perciben ciertos riesgos, como la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el exceso de oferta en el mercado local de propiedades, retrasos en la finalización del proyecto minero, la incertidumbre política por las próximas elecciones de mayo, unas condiciones financieras globales más restrictivas y un creciente proteccionismo.
El organismo mencionó los avances de Panamá en el cumplimiento técnico de los estándares del GAFI, pero destacó la importancia de una implementación efectiva del marco de prevención de blanqueo de capitales y se refirió a la necesidad de abordar con prontitud las deficiencias restantes, incluyendo catalogar la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero y asegurar la disponibilidad de información precisa y oportuna sobre beneficiarios de entidades incorporadas en Panamá.
Aunque el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal, fue aprobado en primer debate por parte de la Asamblea Nacional, la iniciativa no ha tenido mayor avance en el hemiciclo.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha advertido que si el proyecto no progresa, el país se enfrenta a la posibilidad real de ser incluido nuevamente en la lista gris del GAFI, que identifica a territorios con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
