La Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazó el reclamo de Panamá sobre las medidas aduaneras aplicadas por Colombia a las reexportaciones de calzados, textiles y prendas de vestir desde la Zona Libre de Colón.
Panamá insiste en que las medidas representan barreras al comercio y anunció que apelará.
Pérdidas por $750 millones en la ZLC
La disputa comercial entre Panamá y Colombia ha dejado pérdidas acumuladas a la Zona Libre de Colón (ZLC) por $750 millones en las reexportaciones de textiles, prendas de vestir y calzados entre 2013 y 2017.
Panamá ha tratado de lograr un acercamiento con las autoridades colombianas para resolver las barreras arancelarias impuestas a las reexportaciones de la zona franca colonense. Sin embargo, un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló ayer a favor de Colombia ante un reclamo de Panamá.
Según los expertos de la OMC, Colombia sí ha cumplido con la resolución que los obliga a retirar los aranceles mixtos impuestos a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzados desde la ZLC.
“Panamá no ha acreditado que Colombia ha actuado de manera incompatible con las obligaciones establecidas por la OMC, es por ello que el Grupo Especial considera que no es necesaria ninguna recomendación”, destaca el informe del organismo internacional, que contiene 165 páginas.
La decisión de la OMC responde a dos procedimientos de cumplimiento iniciados por cada uno de los países implicados en el conflicto aduanero.
Después de que la OMC fallara en dos ocasiones a favor de Panamá, el Gobierno colombiano acató la solicitud de este organismo de retirar los aranceles mixtos que afectaban las reexportaciones de textiles, prendas de vestir y calzados desde la ZLC.
En su reemplazo, emitió dos decretos de medidas aduaneras que, a juicio de Panamá, son discriminatorias y endurecen el control aduanero entre ambos países.
Colombia, por su parte, alega que con estos decretos se busca “establecer mecanismos para fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control aduanero frente a posibles situaciones de fraude aduanero asociadas a las importaciones de confecciones y calzado”. “Panamá seguirá luchando, y tenemos hasta finales de octubre para presentar la apelación ante la OMC”, manifestó Manuel Grimaldo, gerente general de la ZLC, tras conocer la decisión del panel.
Las reexportaciones de textiles, calzados y prendas de vestir de bajo costo desde la ZLC deben pagar en Colombia un arancel del 10% más un cargo adicional por contenedor.
Un par de calzados que tenga un costo de $10 no deberá pagar impuesto, pero si el valor es de $6 o de un costo inferior a este monto se le aplica el decreto, dijo Grimaldo.
“Colombia supuestamente adoptó estas medidas para combatir el lavado de dinero y contrabando que se da desde la ZLC, pero les puedo garantizar que la mercancía que sale de este recinto cumple con todas las normas”, aseguró el gerente de la zona franca.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá reiteró, a través de un comunicado, que las medidas aduaneras impuestas al país representan barreras al comercio e informó que apelará la decisión de la OMC.
Estas barreras aduaneras impuestas por Colombia afectan a los comerciantes nacionales y pone en desventaja a las importaciones que llegan a ese país suramericano desde la ZLC, advierte el MICI.
La Asociación de Usuarios (AU) de la ZLC, por su parte, también considera “ilógico e incoherente” que después de que la OMC en dos ocasiones le ha dado la razón a Panamá en su justo reclamos, ahora le dé la contra.
“Reconocemos que el Estado colombiano levantó los elevados aranceles contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC, sin embargo, hemos advertido y sostenemos con base que dicha nación ha aumentado de manera desleal las restricciones, ocasionando graves pérdidas económicas a la segunda zona franca más grande del mundo”, alega la AU.
El Gobierno de Panamá ha sido muy pasivo en las acciones que ha tomado a nivel de comercio exterior y de relaciones diplomáticas.
“En el ejercicio de la política exterior debe primar la defensa de todos los sectores que conformamos la nación panameña. Deben prevalecer los intereses del país”, reclama el gremio empresarial.
La petición de $210 millones en indemnización a Colombia es una cuantía de dinero que no guarda proporción con el desempleo, la afectación a las familias colonenses y a la economía del país, indicó el gremio.
Los empresarios de la ZLC solicitan al Gobierno “una postura digna y que aplique con determinación, de manera ejemplar y contundente, las medidas efectivas de retorsión”.
“Lamentablemente, los empresarios colombianos gozan de una serie de beneficios en nuestra jurisdicción, que no son compatibles con el principio de reciprocidad”, destaca la AU.