Representantes de la actividad ganadera y de deportes equinos calificaron de “inconsulta” la Ley 51 de 28 de junio de 2017, con la cual se regula el transporte de animales vía terrestre.
La normativa, que entrará a regir a partir del próximo 28 de diciembre, impone al sector pecuario la contratación de un “seguro especial obligatorio de daños a terceros” que será emitido y reglamentado por el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).
Los gremios de los productores de ganado bovino, ovino, porcino, bufalino, caprino y equino consideran que “asignarle la responsabilidad de reglamentar este seguro obligatorio a una institución como el ISA, que no tiene experiencia en el ramo de los accidentes de tránsito, es contraproducente”.
El ISA no cuenta con las estadísticas básicas para calcular el costo de las primas, como sí las tiene la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
El seguro en mención es un sobrecosto, porque todos los vehículos destinados a la carga de ganado están debidamente cubiertos por pólizas que cubren todo tipo de riesgo, no solamente el del vehículo, manifestó Aquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).
En la normativa se propone que el costo de la prima sea del 2% del valor del animal. Un caballo dedicado al deporte de un valor de $20 mil pagaría una póliza de $400 por traslado interprovincial. Trasladar 20 reses desde la provincia de Darién hacia Las Tablas implicaría un costo de $400, asegura Acevedo.
Obligar a los propietarios de los animales a comprar un seguro de vida para su transporte atenta contra la libre empresa, porque se establece una práctica monopolística a favor de una institución del Estado, denunciaron los productores.
Las organizaciones de los productores solicitan al ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, que interceda ante el director del ISA, Irvin Santos, para que no reglamente la normativa publicada en Gaceta Oficial N° 28311-B, hasta tanto sea derogada por el proyecto de ley 582, que modifica el artículo en mención.
El proyecto de ley 582, presentado por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, propone modificar el artículo 51, de forma tal que la carga agropecuaria reciba el mismo tratamiento que se le da a todas las cargas que se mueven en el territorio nacional, con excepción de la peligrosa.