Raúl Eduardo Molina, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, cuestionó ayer la extensión de la vigencia de los precios tope en los combustibles, al sostener que no es conveniente que el Ejecutivo “esté entrando a regular el precio máximo del producto”.
El 25 de septiembre de 2008, el Ejecutivo adoptó esta medida “provisional”, para contrarrestar los efectos de la volatilidad del mercado internacional y que no repercutiera directamente en los consumidores.
Según las autoridades oficiales, esta iniciativa parece no tener conclusión todavía, mientras no se ordene el mercado nacional de los hidrocarburos.
El establecimiento de estos máximos de venta no ha sido bien visto por las petroleras, que han alegado que se lesiona la seguridad jurídica del país y se afecta la rentabilidad de la industria.
No obstante, los consumidores son partidarios de que la medida debe mantenerse.
“Imagínese que mañana el Ejecutivo regule el precio que debe cobrar un médico en su consulta o a cuánto le deben vender una soda, una cerveza, una galleta o lo que sea”, cuestionó Molina al tiempo que consideró que es imposible que el Ejecutivo domine una serie de factores que tienen que ver con precios tales como costos de insumo o materia prima, así como costos laborales, administrativos, entre otros.
Pedro Meilán, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), ha señalado en reiteradas ocasiones a la prensa local que penalizará a toda las estaciones de combustibles que estén infringiendo el decreto ley que estableció los precios tope.
Hasta el momento la Acodeco ha sancionado a 30 gasolineras por un monto de 155 mil dólares por violar el Decreto Ejecutivo No. 58 de 22 de septiembre de 2008, que estableció esta medida y sus modificaciones.
En sus monitoreos, esta institución destaca gasolineras que venden por debajo de los precios tope fijados por el Gobierno.
