Los continuos derrames en el gasoducto de la reserva de Camisea, al sureste de Perú, el último de los cuales dejó tres heridos, causaron ayer la solicitud de una auditoría internacional al proyecto energético presentada al gobierno de Alejandro Toledo.
Las comunidades nativas que viven a la altura de El Abra de Kepashiato, en el distrito de Echarati, provincia de La Convención, en el departamento de Cuzco, reportaron el sábado un incendio en el conducto que transporta el gas de la reserva natural de Camisea y que atraviesa sus propiedades.
Alcides Huinchompi, dirigente del Consejo Machiguenga, una de las comunidades nativas de la región, informó que el fuego provocó quemaduras de segundo y tercer grado a una mujer y sus dos pequeños hijos.
El líder comunal exigió la inmediata intervención de la Defensa Civil para socorrer a las personas de la zona.
La empresa internacional Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que 750 metros cúbicos de gas líquido se vertieron debido a la rotura, pero que el material había sido consumido por el fuego.
La compañía suspendió el bombeo del gas y abrió una investigación para determinar las causas del incidente.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, declaró que el incidente pudo haber sido producto de un sabotaje.
El primer ministro agregó que fuentes del Ministerio de Energía y Minas alertaron sobre las versiones de que se iba a producir una rotura del tubo en esa región.
Kuczynski expresó su extrañeza por el inusual incendio, y dijo que algo así no se produce "a menos que alguien tenga algo combustible, un fósforo o algo por el estilo".
Este gasoducto ha tenido cinco rupturas en su estructura desde el inicio de sus operaciones en 2004, las cuales fueron atribuidas por la consultora E-Tech International al uso de tubos defectuosos.
Sin embargo, tanto el Gobierno como el consorcio internacional a cargo de la explotación del gas, que está formado por las argentinas Pluspetrol y Techint, la surcoreana SK Corporation, la argelina Sonatrach y la estadounidense Hunt Oil, han negado esa versión y han asegurado que la construcción contó con la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo.
A raíz del último incidente, el candidato presidencial Alan García pidió ayer al Gobierno una auditoría técnica con la participación del Colegio de Ingenieros del Perú, para saber cuántos tramos del gasoducto están en buen estado.