El nuevo gobierno chileno no prepara un “mega ajuste” para enfrentar un deterioro fiscal mayor al previsto, sino más bien un plan de “austeridad” y “reasignaciones” para sanear las finanzas, aclaró el nuevo ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
El multimillonario conservador Sebastián Piñera asumió el domingo la presidencia con la promesa de acelerar la economía para dejar al país encaminado al desarrollo, aunque antes deberá realizar una cirugía en las arcas fiscales. Larraín anticipó que se tendrá que ajustar el gasto público de este año, una decisión que se vería reforzada tras conocerse que el gobierno saliente dejó un déficit fiscal mayor que el reportado previamente. En la víspera de la asunción de Piñera, la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que el déficit estructural llegó al 2.1% del producto interno bruto (PIB) en 2017, frente al 1.7% difundido originalmente. “Si estamos en un período de estrechez, con niveles de deuda pública que se han duplicado, lo que corresponde es partir con medidas de austeridad y luego ver cómo podemos reasignar recursos para financiar el programa del presidente”, dijo Larraín antes de ingresar al Ministerio de Hacienda.
Para este año, el Congreso autorizó un aumento del gasto público del 3.9%, considerado en su momento como “alto” por parte de Piñera. “Creo que las medidas de austeridad, del buen uso de los recursos son siempre bienvenidas y es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, no estamos hablando de un mega ajuste, estamos hablando de un ajuste de austeridad”, dijo Larraín. Durante su campaña, Piñera había dicho que el déficit fiscal estructural convergería gradualmente hacia un equilibrio en los próximos seis a ocho años. El balance estructural es una política que busca ahorrar en tiempos de bonanza, cuando se reciben ingresos que se sabe son solo transitorios.