El Gobierno español trata con denuedo de sacar adelante el presupuesto de 2018, atrasado a causa de la crisis catalana, y para ello ha hecho costosas concesiones, pese a prometerle a Bruselas que seguirá reduciendo el déficit.
Una de las medidas estrellas del proyecto de presupuesto es un alza de entre el 1% y el 3% de las pensiones más modestas, una reclamación por la que se movilizaron cientos de miles de personas en los últimos meses.
La medida, con un coste cifrado en 1,177 millones de dólares, se produce a un año de las elecciones municipales, regionales y europeas de mayo de 2019. Tiene su relevancia política, ya que uno de cada cuatro electores en España es pensionista. Y el 40% de los votantes del Partido Popular (PP), la formación conservadora del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, son jubilados.
Una vez publicado el proyecto de presupuesto, el Gobierno ha prometido un incremento de todas las pensiones, indexado sobre la inflación (+1.6%). Con ello quiere asegurarse el apoyo indispensable de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), exigente en este punto debido a que las manifestaciones de pensionistas fueron masivas en el País Vasco.
El coste adicional de esta medida no ha sido cuantificado. Al coste del aumento de las pensiones se añaden 2,355 millones de dólares de bajadas de impuestos sobre la renta para los pensionistas y otras categorías modestas de contribuyentes.
El proyecto de presupuesto incluye además un aumento salarial para los funcionarios, y la titularización de miles de interinos de la función pública. Por otro lado se prevé aumentar una semana el permiso de paternidad, hasta cinco semanas.