Los productores del sector agropecuario reclaman al Gobierno el cumplimiento de un pliego de peticiones de nueve puntos con los que se pretendía ayudar al sector primario para salir de la crisis que, según ellos, los agobia desde hace 35 años.
El pasado 16 de agosto, los productores entregaron un pliego de peticiones al Ejecutivo, que se comprometió a agilizar los pagos de los subsidios, regular las importaciones agropecuarias y revisar los acuerdos comerciales.
El gobierno de Juan Carlos Varela ahora ha dicho que no modificará la ley que reestructuraría la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), ni renegociará los acuerdos comerciales.
El Gobierno alega que ha cumplido con siete de los nueve puntos establecidos en el pliego entregado al presidente Juan Carlos Varela.
Los productores, en tanto, advierten que han sido nulos los avances en la modernización de los laboratorios de residuos tóxicos y microbiológicos de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Este requisito es indispensable para exportar productos cárnicos a Estados Unidos y a otros mercados.
También cuestionan que el borrador del proyecto que deroga el Decreto Ley 11 de 2006, que creó la Aupsa, no se les ha entregado para discusión.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, se comprometió a elaborar “un esqueleto del proyecto para que fuera discutido con los gremios de productores y luego de un consenso se llevara a la Asamblea Nacional para que no se contaminara de intereses políticos, y de esto no hay nada”, recuerdan representantes de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).
En lo que respecta a la entrada fraudulenta de productos al país, el Gobierno no ha revelado los nombres de las empresas que se detectaron con anomalías en la importación de alimentos y las sanciones aplicadas.
Tras auditorías a las bases de datos de la Aupsa, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud (DEPA), el Gobierno detectó que 177 empresas cometieron anomalías en la compra de alimentos.
Se encontró que algunos importadores introducían al país alimentos que no habían sido notificados y falta de registro en la base de datos de las instituciones que supervisan las importaciones e irregularidades en los recintos refrigerados donde se almacenan los productos.
La ANA, sin embargo, continúa ofreciendo información incompleta que no permite evaluar las importaciones fraudulentas, manifestó Aquiles Acevedo, presidente de la Anagan.
El pago del incentivo al productor por el litro de leche grado C que se prometió el 16 de agosto todavía está pendiente, comentó Acevedo.
Luis Carles, secretario técnico del MIDA, asegura que el Gobierno ha cumplido con la mayoría de los puntos.
Según el funcionario, los laboratorios de residuos tóxicos y microbiológicos del MIDA estarán operativos en febrero de 2019.
La entidad adquirió un equipo de laboratorio “de alta precisión” por $785 mil que servirá para realizar todas las pruebas requeridas para la exportación, dijo Carles.
En cuanto a la deuda con los productores de leche, que asciende a $1.6 millones, dice que se prevé cancelarla a más tardar el 20 de diciembre. Hasta la fecha, el Estado ha desembolsado a los productores de leche grado C $7.4 millones. Los fondos para saldar la deuda a los productores provienen de un crédito extraordinario de $11 millones.
Con esos recursos también se estima saldar la deuda de los subsidios a los productores de maíz y arroz correspondientes al ciclo agrícola 2017-2018.
Sobre la revisión de los tratados de libre comercio y la ley de la Aupsa, Carles dijo que “sería irresponsable” que a pocos meses de que culmine la gestión de Juan Carlos Varela se empiece a renegociar los acuerdos sin saber las implicaciones legales y comerciales que esto tendría para el país.