Parece extraño que en este lugar a los clientes que desayunan o almuerzan detenidamente se le acerquen señores con cuadernos o maletines, afables y sonrientes para ofrecerles dinero. Así como lo oye. Estos señores son intermediarios, agentes o promotores financieros. Se encargan de conquistar clientes y de facilitarles préstamos.
La mayoría de los promotores financieros consiguen clientes para los bancos y estos dan una comisión del 3% del total del monto del préstamo, señala Martha Lasso, presidenta de la Asociación Nacional de Financieras.
Los promotores hacen una labor didáctica. Explican –en términos simples y lenguaje cotidiano– los requisitos que se deben cumplir para optar por un crédito mientras que instruyen a los usuarios sobre cuánto pedir y cómo repagar el dinero.
De esta manera, miles de panameños acceden a dinero fresco, pero con diferentes resultados. Muchos se sienten satisfechos porque consiguen el préstamo que necesitaban, pero otros terminan sobreendeudados o “engrampados”.
Derecho a saber
Los clientes no deben confundirse: tienen que saber que están en manos de una persona o una compañía que consigue y ubica préstamos, opina la dirigente Martha Lasso, que es partidaria de regular esta profesión.
Lasso es enfática en señalar que los usuarios no deben caer en el error de suponer que están ante un empleado de banco o de una financiera.
Aunque admite que existe una necesidad para este tipo de servicios, Lasso sostiene que los promotores deben estar debidamente regulados, como lo están los corredores de valores, bienes raíces y de seguros.
Los promotores, añade, deberían pasar un examen de suficiencia profesional y tener una fianza de responsabilidad que funcione como garantía para los clientes que están asesorando.
Una práctica que debe prohibirse por ley es que el promotor financiero ofrezca consejos engañosos a prospectos, a cambio de mejores comisiones de ciertos bancos.
“Lo que está pasando es que la información que dan los promotores no es exacta. Por ejemplo, sucede bastante que un promotor le dice al usuario: este préstamo es por cinco años, pero al final el cliente termina pagando durante diez años”, dijo Lasso.
Añadió que la proliferación de promotores sin responsabilidad alguna, agrava el riesgo de sobreendeudamiento de los panameños.
Para la dirigente lo mejor es que los consumidores ejerzan independientemente su poder de compra y elijan el lugar que reúne las condiciones más económicas. Para ella, un elemento clave es la tasa de interés efectiva, que es el mejor indicador para determinar cuánto cuesta un préstamo.
Trabajo honesto
Además de los promotores independientes, existen empresas más formales e instaladas que ofrecen servicios respaldados con una garantía. Son compañías que hacen una labor de intermediar entre clientes y bancos, y -según aseguran- trabajan con honestidad y responsabilidad.
Entre esas compañías de asesores financieros está Promociones Independientes y el Grupo Empresarial y Multiservicios, S.A. (GEMSA), cuyos gerentes se mostraron dispuestos a hablar de su negocio y coincidieron en que es necesario una ley.
Arnoldo Samaniego, de GEMSA, indicó que su rol en el mercado es cada vez más necesario porque se ocupa de darle alternativas a los usuarios.
Por ello, aseguró que a los clientes les presentan un abanico de opciones y ayudan a que tomen mejores decisiones. Su servicio es gratuito para los usuarios y dijo que reciben comisiones de los bancos.
GEMSA trabaja principalmente con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) y cuenta con 210 promotores financieros repartidos en seis provincias del país.
Samaniego explicó que para los bancos es ventajoso trabajar con este tipo de empresas porque ahorran en sus gastos fijos, al poder disponer de un promotor financiero donde no tienen sucursales.
Los usuarios firman los formularios de los bancos o en algunos casos de las financieras, no de las empresas intermediarias.
Las compañías financieras no utilizan a promotores porque tienen costos mayores que los bancos, aclara Rafael Capriles, gerente de Promociones Independientes.
Afirmó que opera desde hace cinco años y tiene un equipo de 200 profesionales que trabajan a lo largo del país con rectitud y honestidad, a manera de salvaguardar la imagen y las condiciones de los bancos.
“Yo no tengo ningún problema que nuestra actividad sea regulada por la Superintendencia de Bancos”, afirma.
La Prensa envió a esta institución un cuestionario que hasta el cierre de la edición no había sido respondido.
Capriles reconoció que mucha gente cae en sobreendeudamiento pero no por culpa de los promotores, sino por su propia irresponsabilidad.
Julio Tejada, de 23 años, es un agente financiero. Cuenta que dentro de su rutina de trabajo recorre hospitales, centros de pago de jubilados, colegios y cuarteles de policía buscando clientes.
En muchas oportunidades, cuenta Tejada, debe consultar con sus superiores, pedir permiso y mercadear sus productos para encontrar algún interesado en obtener un préstamo bancario.
“Esto es un trabajo muy formal que exige responsabilidad. Nosotros no obligamos a nadie a tomar un préstamo, el cliente es el que tiene la última palabra”, asegura Tejada.
Las empresas de promotores financieros están interesadas en su regulación y están trabajando en un borrador para presentar un anteproyecto a la Asamblea Legislativa.
En este borrador se incluye la creación de una Asociación Nacional de Agentes Promotores, la cual incluirá a promotores de préstamos, de viviendas y de ventas de bienes muebles.
Dicha asociación observará y aplicará normas de conducta y un código de ética, que será de forzoso cumplimiento. De no cumplirse se aplicarán sanciones de acuerdo al código de comercio, fiscal y penal.
En el anteproyecto se incluirán las responsabilidades y deberes de los agentes promotores, entre otras materias.
Canal de distribución
Para Raúl Alemán, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, la institución financiera es la que aprueba o desaprueba el crédito, de acuerdo a sus prácticas y políticas crediticias, lo que indica que estas personas solo realizan una función de servir como cualquier otro canal de distribución.
“Nuestro pensamiento es que Panamá tiene una economía abierta y de mercado, con una gran cantidad de competidores a los que los consumidores pueden acercarse para atender sus necesidades de crédito y no vemos ninguna razón por la cual se tenga que hacer una nueva ley que regule el mercado”, expresó el banquero.
De acuerdo al dirigente, Panamá vive un sistema de libre oferta y demanda, donde la oferta es abundante y donde la demanda calificada tiene amplias oportunidades de satisfacer sus necesidades de crédito.
Esta es una de las bondades que ofrece el centro bancario panameño a todos los consumidores del país.
