Esta iniciativa contempla el establecimiento de nuevos instrumentos legales para combatir la competencia desleal y ampliar las facultades que tiene la entidad para investigar y sancionar los comercios que no cumplen con las garantías de los bienes. Actualmente, la CLICAC solo puede atender los casos en los que las cuantías son inferiores a los 500 dólares.
"Si logramos que se apruebe este proyecto de ley, los sectores económicos contarán con nuevos mecanismos legales que fomenten la libre competencia en igualdad de condiciones, y motivará otras actividades, como las importaciones y exportaciones", explicó el Arrocha.
El representante de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, se mostró de acuerdo con estas modificaciones y aseguró que se deben incluir nuevas disposiciones contra las prácticas monopolísticas. Todas las cadenas de comercialización están distorsionadas por algunos grupos que monopolizan la distribución, comercialización y producción de diferentes artículos, limitando la libre oferta y demanda, sentenció Acosta.
Según el representante de UNCUREPA, las organizaciones de consumidores no reciben el respaldo adecuado por parte de la CLICAC, producto de la legislación vigente.
Sobre el tema, el comisionado presidente de la CLICAC, Gustavo Paredes, aclaró que los consumidores sí están representados dentro de la institución, pero aseguró que la Ley 29 es clara al facultar a la entidad para fomentar, reglamentar y supervisar las asociaciones de consumidores organizados.
En los últimos tres años, las organizaciones de consumidores acreditadas en la CLICAC no han presentado ningún informe sobre su gestión, por lo que se mantienen suspendidos los subsidios a dichas organizaciones.
Por otra parte, confirmó que se estará solicitando un presupuesto extraordinario de 382 mil dólares para abrir oficinas regionales en diferentes provincias y reforzar los operativos de verificación.
Paredes reveló que se logró ejecutar más del 94.5% del presupuesto asignado para el año 2003, que ascendía a 3 millones 237 mil dólares.
Se han programado para este año unas 336 encuestas donde se incluyen los medicamentos, combustibles, y otros productos de consumo masivo.
Los comisionados han girado instrucciones a la unidad investigativa de la entidad, para que inicie investigaciones, sin necesidad que exista una denuncia formal.
Asimismo, se intensificarán los esfuerzos para supervisar las condiciones de sectores que en la actualidad son atendidos por otros entes, como los servicios de utilidad pública y servicios por intermediación financiera.
