La creación de sociedades en jurisdicciones de baja tributación deberá estar acompañada de actividad real, dejando atrás el modelo de sociedades que solamente están domiciliadas en un territorio. Esta es la visión de Carlyle Rogers, director general de Stafford Corporate Services, de la caribeña isla de Anguila.
Una nueva medida introducida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intenta combatir el movimiento de beneficios de las corporaciones a jurisdicciones de baja tributación para reducir el pago de impuestos. Conocida por su acrónimo en inglés (BEPS), la iniciativa está siendo seguida muy de cerca por los países que ofrecen servicios financieros y corporativos, como Panamá.
La OCDE pretende que las obligaciones impositivas no estén vinculadas al lugar donde la empresa está domiciliada, sino adonde se produce la actividad económica y se agrega valor. “Y esto no puede ser a través de directores nominales en los que uno tiene al recepcionista como director de la compañía, cuando se sabe que no tienen ningún control sobre la misma. Se tendrá que tener a personas ejerciendo para poder decir a una autoridad tributaria que la compañía está domiciliada en el lugar y que por lo tanto no debería estar pagando impuestos en otra jurisdicción”, manifestó Rogers.
Rogers es uno de los ponentes en el foro internacional Widening Pathways to Open Societies (Ampliando vías para las sociedades abiertas) que organiza Goethals Consulting esta semana en Panamá.
Irene Giménez, gerente general de Goethals Consulting, dijo que en la industria hay una corriente de opinión favorable a adaptarse y buscar nuevas alternativas, mientras que hay quien prefiere mantenerse en las prácticas que se han venido ejerciendo en los últimos años.
Para Giménez, la gran discusión de Panamá en los próximos meses girará en torno al proyecto BEPS de la OCDE y sus posibles implicaciones para la estrategia nacional de atracción de empresas multinacionales, que ha generado mucha inversión en los últimos años.
Sobre el intercambio automático de información financiera, con el que Panamá ya se comprometió, Giménez dijo que porque haya algunos ciudadanos deshonestos que hacen un uso indebido de los servicios, “no se puede tirar abajo toda una industria”.
La ejecutiva defiende que lo que se debe hacer es prevenir las actividades ilegales. “Y ahí es donde fallan los mecanismos institucionales. La justicia tenía que actuar, pero el problema lo teníamos en la justicia, no en lo que se ha llamado transparencia fiscal”, dijo Giménez antes de defender que la transparencia se le debe exigir a los gobernantes, porque manejan fondos públicos y no a los ciudadanos, si estos pagan sus impuestos y generan sus ingresos de manera lícita.
