Una prórroga hasta el 10 de septiembre de 2020, aprobó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a la empresa Interconexión Colombia Panamá (ICP) para que entregue la copia autenticada del estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente.
Este es uno de los requisitos para desarrollar el proyecto que se define como un complemento para consolidar la integración regional, que se viene gestionando desde hace más de 10 años.
La sociedad ICP, en la cual participa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) por Panamá e Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) de Colombia, fue constituida en mayo de 2007 y se encuentra en operación desde 2009 con sede en Panamá. Una prioridad era obtener la aprobación de parte de las comunidades indígenas Guna Yala y Kuna Wargandí, pero según Andrés Villega, encargado del proyecto, “la buena noticia es que ya contamos también con esa autorización”.
El Gobierno de Panamá priorizó en 2015 un nuevo corredor para el proyecto, el cual atraviesa las comarcas Wargandí y Guna Yala, manifestando su interés de apoyar la construcción de la carretera Mortí–Mulatupu y fijar en esta vía la ruta para establecer la línea de interconexión eléctrica con Colombia (Gabinete en la comunidad de Playón Chico el 16 de junio de 2015).
Villegas informó que esperan que la junta ejecutiva del Congreso haga entrega formal de la resolución al Gobierno, y designe la comisión que acompañará la ejecución de los estudios.