Entre los proyectos de Izar, cuya directiva estima que tiene problemas como exceso de plantilla y una infraestructura obsoleta, figura la segregación de sus dos fábricas en Ferrol, en Cartagena (Murcia) y en Puerto Real y Cádiz, en Andalucía, que pasarán a una nueva sociedad, y para el resto de instalaciones del astillero se aboga por la entrada de capital privado.
Los manifestantes, unos 40 mil, según los sindicatos, y 25 mil según la Policía, fueron convocados por varias organizaciones de trabajadores con el respaldo de varios dirigentes políticos y del gobierno regional de Galicia, junto con alcaldes de toda la comarca y los presidentes de los comités de empresa.
"Salvemos el sector público. Por el futuro de la comarca" decía la pancarta con la que miles de personas apoyaron a los trabajadores de las fábricas gallegas de Izar, aquejados por la crisis de la empresa y por la devolución de las ayudas económicas que pide la UE.
La UE reclama a Izar la devolución de millonarias ayudas públicas ilegales concedidas por el Gobierno en la etapa del Partido Popular (PP).
La movilización terminó con la lectura de un manifiesto en el que se exigía al Gobierno que tomase nota y escuchase la voz de los trabajadores del sector.
A propósito del conflicto, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo hoy que los contactos que el Gobierno ha mantenido con la Comisión Europea permiten ser optimistas con la viabilidad de los astilleros de Izar, pero admitió la posibilidad de acometer "ajustes de capacidad" que garanticen la continuidad de la actividad.
El ministro destacó que la Comisión Europea ha aceptado la posibilidad de futuro de los astilleros españoles y el mantenimiento del empleo, e insistió en la necesidad de elaborar un plan de viabilidad consensuado con los sindicatos que "salve la mayor parte" de la actividad industrial existente.
Caldera, que responsabilizó al anterior Ejecutivo del PP de "mirar hacia otro lado" durante su mandato a pesar de ser consciente del conflicto, explicó que "es una situación difícil, pero la vamos a resolver garantizando la viabilidad y futuro de los astilleros mediante diálogo con la Comisión Europea y los sindicatos".
La SEPI defiende la segregación de los astilleros militares y la entrada de capital privado en los civiles como "solución" a la crisis de la compañía.
El Gobierno mantiene su tesis de crear una nueva sociedad dedicada a la construcción naval, separando así el astillero Izar en dos partes, mientras desde la oposición y los sindicatos se pide que se "reflexione" ante las negociaciones, que se reanudarán a partir del próximo día 29 con la SEPI.
La SEPI argumenta que "no tiene dinero".
