El pleno de la Asamblea Nacional inició ayer el segundo debate del proyecto de ley N° 12, que crea el régimen de Asociación Público Privada (APP), pero no se hizo ninguna intervención o modificación al documento.
El proyecto fue presentado pasadas las 7:00 p.m., y antes que la subsecretaria y diputada Dana Castañeda terminara de leer el documento, a las 7:50 p.m.,la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, declaró un receso para continuar con la discusión el día de hoy.
El proyecto fue presentado en segundo debate, previo al desacuerdo expresado por representantes de los trabajadores, quienes en horas de la mañana exigieron a los diputados desechar el documento, al considerarlo “un mecanismo de privatización que trata de transferir recursos y bienes públicos al sector privado”.
“Para el pueblo panameño no es garantía que sea la empresa privada la que administre los servicios. Prueba de ello son las grandes dificultades que tenemos con la energía eléctrica, el problema de la basura y el agua”, dijo Nelva Reyes, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
El gremio considera que estas alianzas no son las únicas ni la mejor vía para resolver el problema del financiamiento público.
La propuesta de ley tiene el propósito de regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión, bajo las modalidades público-privada. La iniciativa no incluirá al Canal de Panamá ni las obras de los ministerios de Educación, de Salud y de Seguridad Pública.
El ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, asegura que si esta ley estuviera en pie, se cumpliría con la calidad de los servicios. “En Arraiján, por ejemplo, hay un acuerdo con una empresa que se llama Aguas de Panamá y por falta de fiscalización y reglamentación esta planta no le dio mantenimiento a su potabilizadora, lo que generó que 60 mil familias se quedaron sin agua durante cinco días”, dijo ayer.
“Si esta ley estuviera vigente, tendríamos una Secretaría Nacional de Asociaciones Pública y Privada fiscalizando los acuerdos; tendríamos a una secretaría y entidades contratantes que estarían vigilando que los estándares de servicio y que la calidad de lo pactado en los contratos se cumpla”, señaló.
El proyecto propone que solo se liciten por esta vía proyectos con un monto superior a $15 millones y no se podrá comprometer más del 30% del presupuesto de inversión de las entidades contratantes en los siguientes cinco años.
El documento, además crea un comité consultivo que estará conformado por cuatro representantes de la empresa privada, dos del sector académico y dos de grupos de trabajadores. Tendrá entre sus funciones promover mejores prácticas para la implementación de la ley y podrá proponer proyectos.