La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional dedicó gran parte del día de ayer a discutir en primer debate el proyecto de Ley N° 10 de 2019, que modifica la norma de contrataciones públicas.
Representantes de la Cámara de Comercio y dirigentes de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) hicieron parte de la comitiva que presentó recomendaciones para hacer cambios al proyecto a través del cual se pretende reestructurar la forma en la que se contratan servicios y productos en el Estado.
El mismo Órgano Ejecutivo, impulsor del proyecto de ley, presentó cambios a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Las modificaciones de último momento no formaron parte del debate.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames tuvo la duda sobre la practicidad de seguir discutiendo sobre un proyecto que contendría reformas que nadie conocía en la sala.
Sin embargo, su copartidario y presidente de la Comisión de Comercio, Luis Rafael Cruz, dijo que seguirían escuchando las recomendaciones de los gremios en el periodo de consulta. “Son propuestas. Algunas serán acogidas y algunas no. Y eso dependerá de los comisionados cuando empiece la discusión artículo por artículo”, dijo Cruz respecto a los últimos cambios sustentados por la Dirección de Contrataciones Públicas.
La compra de medicamentos, en tanto, dominó gran parte del debate. De acuerdo con el documento que han estudiado todos los gremios, el proyecto que modifica la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas derogaría todo el capítulo IV de la Ley 51 de 2005, que es la ley orgánica de la CSS.
En términos prácticos, la contratación de obras, suministro de bienes y prestación de servicios de esta entidad ya no estarán bajo su radar.
En cambio, todas las compras de medicamentos, insumos y equipos médicos quedarían bajo el umbral de la Ley de Contrataciones Públicas, utilizada por el gobierno central.
Las consideraciones preliminares de la Cámara de Comercio tuvieron que ver con dicha inclusión de adquisición de medicamentos y otros productos para la salud. Específicamente, en lo que respecta a la aplicación de la modalidad de convenio marco; ya que este es un mecanismo para la compra de insumos que no contemplan un alto grado de complejidad técnica o científica.
“Siendo así, sugerimos que se sigan utilizando las modalidades de contratación menor, licitación pública y licitación por mejor valor para la compra de medicamentos, mas no la modalidad de convenio marco”, dijeron los representantes de la Cámara de Comercio.
Además, el gremio considera que la derogatoria de los artículos sobre la adquisición de medicamentos en la Ley 51 de la CSS no debe ser inmediata, sino considerarse un periodo de transición, para que así se permita cumplir con los contratos vigentes.
Eric Montero, a nombre de Fedefarma, pidió que se excluya del proyecto la compra de medicamentos, y si fuese necesario se realice una reglamentación transitoria debido a la complejidad de los productos y las medidas sanitarias que se deben cumplir. “Este tipo de bienes no debe ser incluído en la ley, o al menos debe desarrollarse en un capítulo”, dijo el representante del gremio que aglutina 18 laboratorios farmacéuticos.