El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, iniciará hoy una pugna contra una resolución judicial que fija que el ejecutivo requiere de la aprobación del Parlamento para comenzar el proceso de salida de la Unión Europea, una decisión que podría afectar los planes del brexit.
Si la Corte Suprema, el máximo órgano judicial de Reino Unido, desecha la apelación del Gobierno, eso podría retrasar el calendario de May para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y posterior salida de la Unión Europea.
Este será el caso más complejo y de alto perfil que ha visto la corte desde su instauración hace siete años y duraría cuatro días.
Por primera vez estarán presentes los 11 jueces y el veredicto debería ser emitido en enero.
“El caso plantea temas difíciles y delicados sobre la relación constitucional entre el Gobierno y el Parlamento”, comentó en un discurso el mes pasado la vicepresidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale.
Si May gana el caso, podrá proceder con sus planes de invocar el artículo 50 a finales de marzo de 2017. Pero si pierde, el Parlamento teóricamente podría bloquear el brexit dado que la mayoría de los legisladores respaldó la permanencia en el bloque en el referendo de junio.
Los inversores creen que mientras más se involucre el Parlamento, existen menos probabilidades de un “brexit duro” en que se dé prioridad a controles más estrictos sobre la inmigración antes que el acceso al mercado común europeo.
La libra esterlina se apreció con fuerza tras la decisión de la Corte Suprema en noviembre.
El Partido Liberal Demócrata, pro europeo, ha dicho que votará en contra del artículo 50 a menos que se haga un nuevo referendo sobre el acuerdo final de brexit, concesión que difícilmente hará May.
Otros partidos también tendrán la oportunidad de ofrecer argumentos legales esta semana, incluyendo al Gobierno escocés, que se opone enérgicamente al brexit y ha buscado formas de mantener a Escocia dentro de la Unión Europea.